José Miguel González (Santa Cruz de Tenerife, 1969) cree que el cuadro macroeconómico que plantean los presupuestos regionales para 2013 es "asumible pero catastrófico", y critica que el Gobierno canario, en vez de "rebelarse", lo único que hace con sus cuentas es "acomodarse" a la situación.

¿Es viable el proyecto de los presupuestos para 2013?

El cuadro macroeconómico es asumible, pero catastrófico al asumir que la recesión continuará y que se va a generar más paro. Si se corrigen las expectativas, siempre será a peor, pero tampoco por mucho.

¿Habrá un estallido social?

Sí, pero gracias a la economía sumergida y al ahorro familiar no se ha producido hasta ahora, pero si ambos pilares se acaban, cuando haya cierta saturación en la economía sumergida será muy difícil que se pueda contener un estallido. La pregunta no es si va a haberlo, sino cómo canalizarlo. Las organizaciones tienen que ser listas para dirigirlo en pro de lo justo, pero también las administraciones públicas para priorizar la atención de los colectivos para los que hay que gobernar, los más vulnerables.

¿Qué dicen los presupuestos de los más vulnerables?

Son unos presupuestos contemplativos. Única y exclusivamente se limitan a contemplar lo que está pasando en Canarias. ¿Para qué son útiles unos presupuestos? Para modificar la realidad si no gusta, o afianzarla si gusta. Estamos en una situación de ajuste en escala, pero en vez de rebelarse, lo único que hace el Gobierno es acomodarse a la situación. Deja su estructura, pero con menos fondos, y lo único que busca es hacer más barata esa estructura. Es lo fácil, pero no soluciona el devenir de los acontecimientos. Nadie habla de no pagar los vencimientos de la deuda: claro que hay que pagarlos, pero el coste de la deuda es un problema que ahora, temporalmente, se debería poder asumir. El problema principal es el cumplimiento de unos objetivos de déficit público que están fijados en una ley en forma de dogma de fe cuando nadie ha dicho que la economía mundial tiene que tener un 3% de déficit público para crecer. Obviamente, si no se quiere usar ese instrumento por las repercusiones a que puede dar lugar, y hablo de la intervención, igual hay que decir basta y permitirla. Yo esperaba que los presupuestos fueran valientes.

El Gobierno dice que si hay intervención, se aplicarán las mismas medidas sin consultar.

No lo creo. Hay que ver lo que está pasando con Grecia o Portugal: están renegociando porque saben que una cosa es lo que dice el papel y otra es aplicarlo a la sociedad. El PP no se va a suicidar social y políticamente en ninguna comunidad. Estos presupuestos no cambian la realidad social, y no solo eso, sino que probablemente la agravarán.

¿Llegarán sin cambios a fin de año, como asegura el Gobierno?

En 2010 y 2011 ya hubo un cierre anticipado de los presupuestos. En 2012 también, al 1 de diciembre, le guste al Gobierno o no le guste. Y se nota en que tuvo que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). De no haberlo hecho, hubiera tenido que cerrar formalmente los presupuestos antes del 1 de diciembre. Probablemente en 2013 la previsión de recaudación no se va a cumplir porque se seguirá reduciendo de forma importante el consumo y se reflejará en los impuestos indirectos. En el gasto no habrá mucha modificación porque su expansión ya es muy tímida, está ajustado a la baja. En 2013 habrá un ajuste superior que incorporará el Estado, el denominado rescate a la economía real. A partir de ahí habrá cambios.

¿Qué dicen los presupuestos de los servicios?

En materia de educación pública, los presupuestos asumen una merma importante de la calidad porque tanto los medios como el capital humano disminuyen. La cantidad puede seguir igual, atiende el mismo número de personas, pero en la calidad habrá un descenso importante. Con estos recortes, el fracaso escolar dentro de 15 años será mayor. En sanidad, la saturación saltará de urgencias a la atención primaria y la especializada. Habrá una congestión brutal en la prestación. En políticas sociales, el Gobierno tiene una oportunidad para acabar con el problema de la vivienda negociando con los promotores bajadas del precio del 70% para facilitar el acceso a un coste pequeño. Para bajar el paro tiene que habilitar la inversión pública y si no tiene capacidad, debe favorecer la iniciativa privada, tiene que desburocratizar la puesta en marcha de las iniciativas privadas, y en el ámbito activo y formativo hay que trasvasar a los parados con una incapacidad formativa manifiesta para ubicarse en otros sectores, como los de la construcción. En otras áreas, como dependencia, las cuentas dicen que la cobertura que tenían hasta la fecha los usuarios ya no está garantizada.