Aumentar los fondos de la prestación canaria de inserción (PCI), cambiar el perfil de los beneficiarios y evitar los retrasos en la concesión de esta ayuda son algunas de las reclamaciones que hizo ayer la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) al Gobierno.
Representantes del colectivo presentaron en la mañana de ayer en la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo canario un informe en el que se denuncia el incumplimiento de las condiciones previstas en la ley 1/2007 que regula la PCI.
La asociación destacó que solo un 1 por ciento de las personas que necesitan esta ayuda la reciben. "En las Islas hay 752.074 canarios en situación de exclusión social o riesgo de ello, de los que solo 9.984 personas perciben la PCI", explicó a este periódico Koldobi Velasco, miembro de la red.
El perfil de estas personas, según Redesscan, son mujeres de 36 años, con hijos al cuidado, estudios primarios, en situación de desempleo de larga duración, problemas en la vivienda y otras situaciones de carencia.
El colectivo consideró que las cuantías que reciben los beneficiarios son insuficientes, pues una persona recibe 470 euros al mes y una unidad familiar de más de seis personas 658 euros, "por lo que viven por debajo del umbral de la pobreza". Por este motivo, se solicitó que se aumenten las cantidades que se conceden.
También se pidió un aumento de las partidas presupuestarias para el fomento de la inclusión social, pues este año sufrió un recorte de 600.000 euros. Así, para este fin solo se destinan 21 millones de euros, "con lo que a mitad de año ya se ha gastado toda la partida".
En cuanto a los requisitos para que se conceda esta prestación, la asociación solicitó que incluyera a las "personas menores de 25 años y mayores de 65, así como al colectivo de personas sin hogar, inmigrantes en situación irregular y demás colectivos en situación de exclusión severa", explicó Velasco.
Se pidió que la concesión de esta ayuda no dependa de los ingresos del año anterior, sino de "datos más recientes", y que se "amplíe la cobertura a más de un año, pues está limitada a ese tiempo con posibilidad de renovación".
Redesscan también denunció los retrasos en la concesión de la prestación, que "por ley es de un máximo de seis meses, y los procedimientos se están alargando en más de diez meses".
Por último, el colectivo solicitó un "plan urgente de lucha contra las situaciones de empobrecimiento en canarias y por el reparto de la riqueza".