Una familia de Las Palmas de Gran Canaria consiguió ayer, por segunda vez, evitar el desalojo de la casa en la que viven con respaldo de vecinos y de la plataforma Stop Desahucios, a pesar de que era reclamada por Banesto como su propiedad tras dejar de pagar la hipoteca varios meses.

Este colectivo, junto al movimiento 15M, había organizado una concentración de rechazo al desahucio, previamente anunciado para la mañana de ayer, a las puertas del piso en litigio, una vivienda ocupada por la familia de Julia Rodríguez, desempleada, madre de cuatro niñas de 10, 12, 14 y 16 años y con un esposo enfermo en espera de una ayuda por invalidez.

Activistas, familiares y conocidos de la afectada se vieron sorprendidos cuando, mientras esperaban que llegaran al lugar un cerrajero, representantes judiciales y de las fuerzas de seguridad para proceder al desalojo, como ya ocurriera el pasado 9 de abril, quienes se presentaron en su lugar fueron varios agentes de la Policía Local que les comunicaron la suspensión del acto.

A pesar de que no portaban notificación por escrito alguna al respecto, los agentes aseguraron que el Juzgado de Instrucción número 13 de Las Palmas de Gran Canaria les había informado de que el desahucio finalmente no se iba a ejecutar ayer y que esta quedaba en suspenso sin nueva fecha, según explicó a Efe la abogada integrante de Stop Desahucios Isabel Saavedra.

Rodeada de personas con camisetas y pancartas con lemas como "No más familias sin casa y más casas vacías", esta abogada se mostró "muy orgullosa" porque se haya vuelto a impedir un nuevo desalojo como ya se hiciera el 9 de abril pasado, cuando sí acudieron al lugar, la calle Equinoccio de la capital, una agente judicial y policías nacionales que trataron de hacerlo efectivo.

La presión de vecinos y activistas que formaron una barrera humana para obstaculizar su paso y mediaron para pedir un aplazamiento que permitiera a la familia negociar una solución con Banesto y la autoridad judicial fue entonces determinante para evitar el desahucio, igual que ahora lo ha sido la movilización desarrollada en torno al caso, opinaron desde la plataforma.

Desde el primer intento de desahucio, esta organización ha seguido trabajando, tratando de negociar con Banesto y pidiendo el amparo de las administraciones públicas para buscar una solución para Julia y su familia, que viven en un piso de protección oficial del barrio Almatriche que hipotecaron por 42.000 euros hace siete años.