El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha pedido al Gobierno del Estado que reconsidere su decisión de suprimir la política de bonificaciones que se venía aplicando hasta la fecha con relación a las tasas que pagan las aerolíneas en los aeropuertos canarios.

En el Pleno de la Cámara, Domingo Berriel ha apuntado que en los últimos meses no sólo se han eliminado las bonificaciones, sino que además los Presupuestos Generales del Estado establecen "un sustancial incremento de las tasas a pagar que las compañías acabarán repercutiendo en los pasajeros".

Así, el consejero recordó que las tasas para los aeropuertos del Grupo II (al que pertenecen Tenerife Sur y Gran Canaria) suben un 5 por ciento, pero --por la política de bonificaciones-- la tasa de pasajeros que se aplicaba en los dos principales aeropuertos canarios el año pasado era la correspondiente al Grupo III. "Por lo tanto, al eliminar la bonificación y aumentar las tasas, el incremento --sólo en la tasa de pasajeros-- es de un 23 por ciento en los dos principales aeropuertos canarios", agregó.

Además de la tasa de pasajeros, Berriel señaló que existen muchas otras que supondrán un incremento en las tarifas. De hecho, la tasa de seguridad se incrementa un 66,35 por ciento y la de movilidad reducida (PMR) un 1,82 por ciento. "Es decir, que de forma directa y sólo por estos conceptos, para cada pasajero de vuelo comunitario que transite por nuestros aeropuertos esas tasas se encarecen el 33,5 por ciento, pasando de 7,5 a 10,01 euros, y para los no comunitarios el incremento es del 31,5 por ciento, al pasar de 9,93 a 13,05 euros, a lo que hay que sumar las tasas de aterrizaje, que se incrementan en cuantía variable de entre el 2,32 y el 2,46 por ciento", detalló.

El consejero abordó también la reducción de la capacidad de carga aérea en el archipiélago como consecuencia del contexto de crisis económica y por las dificultades específicas del sector del transporte aéreo. En el último ejercicio de 2011, el volumen de carga aérea se había reducido en un 40 por ciento con respecto a 2007.

"Con esta dinámica del mercado, las compañías han ajustado su oferta a la demanda real de carga área entre Canarias y la Península", apuntó el consejero, para añadir que el archipiélago está "ante un escenario que refleja una crisis no sólo de este subsector, sino de toda la actividad económica". "Además, el estancamiento de la producción y del consumo han llevado a una caída de la demanda de transporte, y esta debilidad de la demanda se ha traducido en una reducción de la oferta", agregó.

ESTRATEGIA ESTABLE

Domingo Berriel ha considerado la posibilidad de contribuir a dinamizar la carga aérea a través de una estrategia estable que saque partido a la situación geográfica de los aeropuertos canarios, convirtiéndolos en nodos de distribución de pasajeros y mercancías y en centros logísticos de referencia mundial.

Como medidas para lograrlo, apostó por dar un paso "decidido" hacia la liberalización de los tráficos aéreos en los aeropuertos canarios, mediante la autorización de la quinta libertad aérea. Una segunda medida consistiría en desarrollar una política de bonificaciones en las tasas aeroportuarias dedicada especialmente a promover la apertura de nuevas rutas aéreas desde nuestros aeropuertos.

Igualmente, incidió en la necesidad de mejorar el servicio de los puestos de inspección fronterizos (PIF) en los aeropuertos canarios y que se racionalicen los procedimientos para facilitar y agilizar las operaciones de embarque.

Berriel insistió en la necesidad de hacer los aeropuertos "más competitivos y verdaderos hubs", lo que contribuiría tanto al abaratamiento como a la expansión del mercado canario en los ámbitos interior y exterior. "Sin embargo, la política de incremento de tarifas en aeropuertos como los canarios, ya de por si muy rentables para Aena, va incomprensiblemente en sentido contrario", apostilló.

Por eso, señaló que resulta imprescindible conseguir la cogestión del sistema aeroportuario canario para lograr la aplicación de este tipo de políticas sin que se vean lastradas y comprometidas por otros déficit del sistema estatal.