El Partido Popular ha pedido hoy la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación con las subvenciones solicitadas por el ex presidente canario Lorenzo Olarte a la Consejería de Economía y Hacienda, cuando su titular era José Manuel Soria.

Así lo solicitó el diputado regional del grupo Popular Emilio Moreno, quien en rueda de prensa exigió la intervención "inmediata y urgente" del TSJC ya que en este caso estarían involucradas personas aforadas, como es el caso del exconsejero y actual presidente de su grupo parlamentario.

Añadió el parlamentario popular que ante la condición de aforado de José Manuel Soria, es "necesaria e inmediata la agilidad en el pronunciamiento por parte de los tribunales" y por ello el TSJC debe "reclamar" la causa para proceder a su finalización o archivo.

"Con carácter urgente se debe soslayar la posibilidad de someter a Soria a una exposición pública, por lo que los tribunales deben actuar con celeridad y hay que exigir que se pronuncien inmediatamente", advirtió Emilio Moreno.

En su opinión, la Consejería de Economía y Hacienda actuó en este caso "como con miles de ciudadanos y empresarios que llamaban para agilizar los pagos pendientes: con celeridad, corrección y adecuación a la legalidad" y por ello, prosiguió, se debería ser más prudente en las apreciaciones efectuadas por la Fiscalía.

A su juicio, el expediente se adecuó a la legalidad y se reclamó la devolución del dinero que correspondía a la subvención más los intereses de demora -268 euros- sin que se estableciese "ninguna reducción" en la cifra que se debía devolver.

Emilio Moreno dijo también que carecen "de virtualidad alguna" las conversaciones presuntamente atribuidas a Soria, que carecen "de antemano y en cualquier caso de relevancia".

Insistió en que se debe dar por zanjada cualquier evaluación sospechosa que pudiera darse en relación con la correcta y adecuada actuación en la legalidad de Soria y consideró "llamativo" que las personas afectadas por la información sobre este caso las conozcan "por vía periodística y fuera del proceso".

Al respecto, dijo que una larga tramitación judicial de este asunto puede derivar en "perjuicios a la credibilidad de los afectados" y por ello hay que "despejar cualquier sombra de duda" en las actuaciones atribuidas a Soria.

También afirmó que "causa extrañeza" que la Fiscalía considere inadecuado que la Hacienda pública reclame el reintegro de una subvención utilizada para fines distintos para los que se aprobó, y que ello acabe con el reintegro solicitado de oficio por el órgano que la otorgó.

Si esto es susceptible de investigación, dijo el diputado popular, habría que recomendar a la Fiscalía que lea los informes de gestión que emite todos los años la Intervención General de la Comunidad Autónoma en los que constan las subvenciones pendientes de justificar y en las que los órganos que las han concedido "ni siquiera han iniciado el procedimiento de reintegro".

Durante el mandato de Soria al frente de la Consejería de Economía y Hacienda una de las prioridades fue la de "pagar con rapidez y agilidad al mayor número de obligaciones reconocidas", afirmó Moreno.

Explicó que una obligación reconocida no puede ser pagada hasta que el órgano de gestión la contabilice y el expediente administrativo que corresponda haya pasado por todas las fases establecidas en la legislación.

También aseveró que el plazo para el abono de los pagos por parte de las administraciones públicas es de dos meses y si se retrasa, se incurre en mora y hay que pagar los intereses oportunos.

Agregó que en la etapa de Soria como consejero de Economía y Hacienda se sustituyó el programa contable de la Comunidad Autónoma y se estableció como prioridad el que este cambio de sistema no provocase retrasos en los pagos.