Padres de alumnos, sindicatos docentes, partidos políticos y organizaciones sociales vuelven a salir hoy a la calle para recordar al Gobierno de Canarias que la educación es "una inversión social" y no "un lujo" sufragado por la Administración. La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria -convocante de la protesta- pretende reeditar el éxito que obtuvo, hace casi siete meses, la última manifestación promovida por las asociaciones de familias, que congregaron a unas 3.000 personas en las calles de Santa Cruz de Tenerife.

Para revertir la situación de "degradación progresiva" que, a su juicio, vive la enseñanza pública en las Islas, este colectivo considera urgente elevar la inversión en políticas educativas al 6% del PIB (Producto Interior Bruto) -actualmente ronda el 4%- y hacerlo de forma sostenida durante veinte años. Solo de esta manera, apuntó ayer Pablo Santana, miembro de Ampas Coordinadas de Tenerife, será posible situar la educación en Canarias a la altura de la Europa más avanzada. Mary Bolaños, del sindicato STEC, recordó que a comienzos de los años noventa, antes de que Coalición Canaria comenzara a gestionar la Consejería, se alcanzó ese nivel.

La manifestación -que partirá a las 18 horas de la capitalina plaza Weyler- ha contado con el respaldo de artistas y creadores, para de esta manera "acercar los mundos de la cultura y la educación" y poner el acento en que el fin del sistema educativo no puede ser solo "satisfacer las necesidades del mercado laboral" y generar "mano de obra", sino también proporcionar formación "integral, humanística y para la vida".

Nombres como los de los escritores Luis León Barrero, Andrés Sánchez Robayna y Elsa López, los artistas Pepe Abad y Pepe Herrera o los músicos José Manuel Ramos, Andrés Molina y Rogelio Botanz han suscrito un manifiesto que anima a sumarse a la marcha de hoy. En él denuncian el "abandono paulatino, consciente y vergonzoso" de la educación, "propiciado con el único objetivo de privatizar este derecho fundamental". "Ha llegado el momento de decir basta", sostienen los firmantes.

El pedagogo Juan Yanes, del departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, puso fecha al inicio del proceso de desinversión que, a su entender, sufre el sistema educativo del Archipiélago. "Comenzó cuando José Miguel Ruano llegó a la Consejería de Educación (en 1999)". Hasta ese momento, aseguró, los presupuestos reflejaban, "aunque con contradicciones y altibajos", una preocupación por la enseñanza pública. La gestión de Ruano -a quien Yanes comparó con "el caballo de Atila"- dio inicio a un "retroceso" que todavía se prolonga, según los impulsores de la protesta.

En los últimos cuatro años -con Milagros Luis al frente de la Consejería-, esta vuelta atrás ha afectado, a juicio de la Iniciativa, a cuatro aspectos: inversión, participación democrática, reconocimiento de la función docente y autonomía de los centros.