Una veintena de colegios y asociaciones de profesionales, que representan a más de 15.000 personas, se han unido para denunciar la "política de restricción y acaparamiento creciente de la oferta pública de contratos de consultoría y ejecución de obras" otorgadas a empresas dependientes de las administraciones canarias, algo que se ha incrementado en los últimos cuatro años.
Los representantes del colectivo, Rosendo Cabrera Hernández, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Santa Cruz de Tenerife); Miguel Febles Ramírez, presidente del Colegio Oficial de Geógrafos (Delegación Territorial de Canarias), y Miryam Machado Alique, delegada del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (Delegación de Santa Cruz de Tenerife), visitaron ayer al editor y director de EL DÍA, José Rodríguez Ramírez, para exponer la grave situación en la que se encuentra este colectivo.
Los representantes de los profesionales denunciaron que esas empresas fueron creadas para gestionar los recursos que se emplean en realizar diferentes trabajos públicos, pero que en los últimos años se han convertido en "macroempresas que se autoadjudican las funciones que antes eran contratadas a entidades privadas, en lo que ha supuesto una clara competencia desleal al colectivo de profesionales".
Este tipo de prácticas, según denuncian los representantes, se ha agravado en los últimos cuatro años, coincidiendo además con "una dilatada crisis económica que afecta de forma brutal a las empresas". Esto ha provocado, a juicio de los profesionales, que muchas entidades privadas se hayan tenido que ver abocadas a despidos masivos de empleados, a desviar su especialidad hacia otras materias, en algunos casos la hostelería, o al cierre de las mismas, en los que describen una situación insostenible que conduce a las Islas hacia un comunismo claro, o, como decimos los profesionales, un cubanismo", en el que el sector privado puede llegar a desaparecer.
Los representantes del colectivo también destacan que estas empresas son deficientes, pues contratan a personal sin experiencia, en concreto recién licenciados, para realizar tareas que antes desempeñaban especialistas de dilatada trayectoria, lo que incide de manera negativa en los proyectos realizados. Además, el colectivo califica de engaño el "eslogan" político de la cantidad de empleos que se han generado a través de estas empresas, pues "se contrata de personas que están en el paro por un plazo de seis meses y luego no les renuevan, justificándose en que los están formando, cuando medio año no es tiempo suficiente para enseñar a nadie". Además, prosiguen, se trata de contratos "basura, pues en la mayoría de las ocasiones no llegan a cobrar ni mil euros, cuando ellos están recibiendo subvenciones por contratar a este tipo de personas".
Este auge de empresas públicas que ofrecen competencia desleal también se puede observar, según señalan los representantes del colectivo, en el Cabildo de Tenerife, mientras que en otros Cabildos, como el de Gran Canaria, esta práctica no existe. Lo que, ha juicio de los profesionales, puede entenderse como una política de abuso de Coalición Canaria (CC) hacia las empresas privadas.
Además, los representantes lamentan la postura del presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, con el cual se reunieron en marzo para exponerle la situación, y este les respondió que era "mejor dejar el asunto para después de las elecciones".