Aunque con algo de retraso y forzado por la crisis económica, el Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad y a pocos días del comienzo de la campaña electoral, la nueva Ley de Cajas Canarias, una norma que busca que éstas sean "más profesionales" y estén "menos politizadas".
La Ley establece que diputados, senadores, consejeros, alcaldes o concejales son incompatibles para participar en los órganos de gobierno de las cajas y reduce la representación de las administraciones públicas en sus órganos de decisión al 40% frente al 50% actual.
La norma aprobada ayer establece también que los altos cargos de estas entidades, incluidos sus presidentes, no puedan serlo por más de ocho años.
El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno regional, cuyo consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, indicó que la adaptación del régimen de las cajas canarias a la legislación estatal contribuirá a que estas entidades financieras "sigan cumpliendo" su objetivo de contribuir al desarrollo económico del Archipiélago.
El presidente del grupo parlamentario popular, José Manuel Soria, incidió en que "la ley es necesaria y no cambia sustancialmente la realidad financiera canaria", al tiempo que consideró que tiene aspectos "muy positivos", como el de limitar hasta en un 40% la representación de las entidades públicas en los órganos de gobierno y limitar a ocho años el ejercicio de los cargos.
Mientras, para el diputado socialista Blas Trujillo ha habido una "ausencia de política regional" en esta materia, porque en el fondo han sido las instituciones locales de Gran Canaria y Tenerife las que han estado marcando el devenir de las cajas de ahorro. Sin embargo, admitió que esta inacción ha tenido un factor positivo en esta legislatura ya que, a diferencia de otros, el Gobierno canario no ha tenido injerencias en los procesos desarrollados por las cajas.
Por último, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, defendió dos enmiendas "in voce" que fueron aprobadas por unanimidad para ampliar a 13 el número de vocales de los consejos de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros, y subrayó el consenso alcanzado en la tramitación del proyecto de ley.
Sobre este asunto, la sección sindical de CCOO en Banca Cívica-Canarias aseguró que la Ley llega "a destiempo y con prisa" y que no servirá más allá que para dejar constancia de lo que ya está pasando en el sector de ahorro en las Islas.