A partir del día 4 de abril y durante tres días, miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desplazarán desde Madrid hasta el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife para hacer una inspección a las tres salas de Lo Penal, visita que no se lleva a cabo desde 2004, año en que, debido a la sobrecarga de trabajo que soportaban las secciones y que se situaba por encima de la "ratio" establecida, se aprobó crear una nueva sección, la Sexta.

Con la entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal se han tenido que revisar innumerables causas con penas de prisión y rebajar sentencias de casos en los que los reclusos ya estaban cumpliendo condena, con el consiguiente trabajo de localizar los sumarios, revisarlos y notificar las rebajas a cada una de las partes. Todo ello, incrementando el horario de trabajo de magistrados, secretarios y funcionarios.

Además, se debe sumar lo apuntado en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se asegura que "el espacio con el que cuentan las secciones resulta manifiestamente insuficiente, siendo de todo punto urgente la construcción del nuevo edificio judicial", algo que ha quedado en el limbo, dado que, según el Gobierno autónomo, no hay dinero. Mientras esto ocurre, los movimientos de funcionarios son cada día más alarmantes, ya que se intenta decir que se incentiva la creación de plazas para los canarios, cuando acaban siendo un número más en la bolsa de Justicia mientras llegan trabajadores de la Península que ocupan plazas y a los dos años piden nuevos destinos, volviendo a quedar vacante la plaza. Así, la estabilidad en la plantilla de funcionarios no llegará nunca, según apuntan fuentes del Palacio de Justicia.

Problemas

Una de las principales quejas que serán expuestas por las salas y que afecta a todas las secciones penales y civiles son los problemas que han surgido tras la implantación del sistema informático judicial aprobado por el Gobierno de Canarias (a través de la Consejería de Justicia), el Atlante II, el cual ya en 2009 era rechazado frontalmente por Intersindical Canaria y calificado como "dispendio" que "paraliza" la Administración.

El Atlante II se ha "colgado" en más de una ocasión y se han perdido documentos. Un ejemplo del desaguisado del que se vendió como "invento del siglo" es que cuando se intenta redactar una sentencia, el sistema no admite que el Tribunal esté compuesto por tres magistrados y no por uno solo. Asimismo, si se pasa de un tope de folios hay que recurrir al "Word" y, cuando se termine la redacción, "pegar" lo ya escrito y rezar.

El trabajo se ralentiza y muchos magistrados de las salas que van a ser inspeccionadas deben llevarse los sumarios a sus casas para trabajar allí y traer hechas las sentencias que luego se pasan al Atlante II. Según las informaciones de los sindicatos, se quieren habilitar seis millones de euros para cursos de formación y mantenimiento del sistema, aunque desde la Consejería dicen que esta partida está aún sin adjudicar.

El módulo de trabajo por magistrado de las secciones de Lo Penal supera los 300 asuntos anuales, número imposible de resolver si se tiene en cuenta que, además, deben celebrar juicios, deliberar, poner sentencias y resolver recursos de apelación.

El problema se soluciona con voluntad y raciocinio.

la clave