El conflicto que enfrentó durante nueve meses al Gobierno canario y los sindicatos por la modificación del sistema que rige la elaboración y ordenación de las listas de trabajadores interinos y sustitutos se cerró en falso a mediados del año pasado con la aprobación de un decreto que no contentó a las organizaciones sindicales -molestas con la vulneración de algunos de los acuerdos alcanzados durante la negociación previa- ni a la "tercera parte" de este contencioso: los aprobados sin plaza en las oposiciones a la enseñanza, empeñados en que el sistema atienda a los resultados de los procesos selectivos por encima del criterio de experiencia y antigüedad, que era el preponderante hasta entonces.
El conflicto -que incluyó manifestaciones e incluso la convocatoria de alguna jornada de huelga- amenaza ahora con reabrirse, pues el Ejecutivo ha convocado una mesa sectorial para el próximo lunes en la que pedirá a los sindicatos que hagan sus propuestas para la orden que desarrollará el decreto en el ámbito concreto del profesorado. Las diferentes posturas que mantienen los representantes de los docentes hacen prever una reactivación del conflicto.
Así, STEC y EA-Canarias se oponen frontalmente al decreto y a cualquier modificación del sistema anterior. CCOO, Docentes de Canarias-Insucan y FETE-UGT reaccionaron en su momento con indignación a los cambios introducidos a última hora por el Gobierno -en especial el referido a la nota de la oposición como criterio para resolver los empates- y han exigido que el decreto se publique en los términos en que fue acordado con los sindicatos. Por su parte, ANPE, que también se manifestó contrario a esas modificaciones, ha adoptado por una posición más intermedia entre las reclamaciones de los interinos y las de los aprobados sin plaza.
Esta última organización ha expresado su disconformidad con el hecho de que la elaboración de la orden se trate en una mesa sectorial debido a la "complejidad" del asunto. Por esta razón, ha sugerido que primero se convoquen mesas técnicas para discutir los muchos "entresijos" que, a su juicio, tiene este proceso. Además, ANPE ha mostrado sus temores a que, con esta convocatoria, la Administración pretenda "ofrecer una falsa imagen de voluntad negociadora" para tratar de legitimar el texto final.