El informe del Diputado del Común referente al año 2009 sólo dedica 35 páginas a explicar la situación de los menores en Canarias, siguiendo la tónica del año anterior, donde fueron 88. Esta cifra contrasta con ejercicios anteriores, en los que el número de páginas dedicadas a esta materia alcanzó las 250.

Este descenso se interpreta como un síntoma claro del decaimiento de la Institución que preside Manuel Alcaide y que depende del Parlamento de Canarias, porque, según reza en el artículo 47.2 de la Ley 7/2001 de 31 de julio del Diputado del Común, "en el informe anual se hará expresa referencia a la situación de los menores". No en vano es su defensor.

Sin embargo, el documento de este año, presentado el pasado miércoles por Alcaide al presidente del Parlamento canario, Antonio Castro, recoge los capítulos de procesos adoptivos, situaciones de riesgo y desamparo, centros de menores, recintos de atención inmediata, malos tratos, acogimiento familiar, contenidos inadecuados para menores en los medios de comunicación, puntos de encuentro, protección del honor y la propia imagen, además de los menores extranjeros no acompañados o los menores con medidas judiciales en un total de 35 páginas, desde la 50 hasta la 85.

Desamparo.- "Destaca que una tercera parte del total de las reclamaciones al Diputado del Común, concretamente el 30,63%, se relaciona con casos de menores en situación de riesgo o desamparo. Muchas de ellas por las discrepancias con las administraciones públicas sobre la declaración y las denuncias porque, a juicio de los reclamantes, se producen sin actuación de las entidades protectoras", tal y como precisa el documento.

Centros de protección.- Las quejas sobre los centros de protección, responsabilidad de la Administración, suponen un 12,61% de los casos estudiados. El 45% de las reclamaciones apuntan "disconformidad con la situación de acogimiento residencial y con el funcionamiento inadecuado de los centros".

Malos tratos.- Los malos tratos a niños registran el 9% de la totalidad de las denuncias presentadas al Diputado. "Los presuntos abusos se atribuyen a partes iguales a familiares o al personal laboral de los centros de acogida", señala.

Menores extranjeros.- Los expedientes de queja en relación a los menores extranjeros no acompañados "se originan, casi en exclusiva, en el cierre del centro habilitado para cuatro menores, tras la finalización del servicio que se les prestaba". Una de las reclamaciones "se interpone porque un menor extranjero no tenía recursos de subsistencia y ha llegado a su mayoría de edad", señala.

El Diputado solicita información al ayuntamiento correspondiente y propone el archivo de la queja y su traslado al área de Servicios Sociales de ese consistorio. Asimismo, la Institución parlamentaria recibe una queja originada por el traslado de un menor extranjero no acompañado de una isla a otra, precisamente, por el cierre de uno de los centros de acogida.

Alcaide constata la plena integración del joven en su entorno social y solicita a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario el pronóstico sociolaboral y educativo del menor. La respuesta del departamento regional fue que el menor había sido acogido por una familia.

Con medidas judiciales.- Sólo son tres los expedientes tramitados sobre menores con medidas judiciales.

Exclusión social.- El principal bloque de quejas recibidas por el Diputado del Común es el de las ayudas económicas, debido a la crisis. La Institución detecta "que la crisis desborda las previsiones de los ayuntamientos y no tienen suficientes recursos económicos para solucionar el 100% de las situaciones de emergencia".

Precisa que las solicitudes se acumulan "y la mayoría de las administraciones municipales no disponen de medios para realizar una intervención individualizada".

El Diputado matiza que no puede presentar las conclusiones del estudio sobre el "Informe extraordinario relativo a las actuaciones de las entidades públicas canarias para situaciones de exclusión social extrema" para ver la incidencia que ha tenido en las administraciones, porque "resulta, cuando menos, decepcionante la falta de colaboración de algunas administraciones canarias ... como los cabildos de La Palma y Lanzarote, o los ayuntamientos de Güímar, Icod de los Vinos, La Guancha y La Matanza", entre otros.