El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial regional, Domingo Berriel, ha anunciado hoy en el Parlamento canario que el Ejecutivo ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Plan General de Ordenación (PGO) de Haría, en Lanzarote.

La decisión judicial se basa en que, a pesar de que el documento municipal cumple las previsiones contempladas en el Decreto 35/1995, sobre el contenido ambiental de los planes, estima que esta norma canaria no es suficiente para atender las exigencias medioambientales europeas, señala la Consejería en un Comunicado.

El responsable autonómico ha apuntado que los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo se muestran contrarios a la interpretación que hace la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, señala al nota.

El consejero también ha anunciado que el Ejecutivo autónomo espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los preceptos relacionados con la evaluación ambiental de los PGO.

Según el consejero, la anulación del PGO de Haría por parte del TSJC, atendiendo a la presunta falta de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, supone "una errónea interpretación" de la normativa estatal.

La otra razón aludida hoy por Berriel en el Parlamento para justificar la presentación de un recurso de casación es que la sentencia realiza una indebida aplicación de la Directiva de 2001/42/CE, puesto que no resulta posible desconocer la existencia de actos preparatorios formales previos al 21 de julio de 2004.

El Ayuntamiento de Haría aprobó el avance del PGO del municipio el 4 de junio de 2004 y la Ley 9/2006, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, establece que esta normativa se aplicará a los planes cuyo primer acto preparatorio formal se haya hecho con fecha anterior al 21 de julio de 2004, como es el caso del municipio de Lanzarote.