La absolución acordada por el Tribunal Supremo (TS) al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, genera tanto respaldos como críticas por un supuesto trato de privilegio entre los profesionales e instituciones consultadas.

Como se recordará, Martín y Martín fue condenado el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a 18 meses de suspensión como magistrado y una multa de más de 7.000 euros al encontrarlo culpable de asesorar a un presunto "narco". El martes, el TS anuló el falló.

El portavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba, recibe la sentencia, al igual que lo había expresado el martes el abogado defensor, Eligio Hernández, con "satisfacción".

Así es, explicó Alba, "porque ha terminado un proceso penal largo al que ha estado sometido Martín y Martín y, finalmente, el TS ha absuelto a este compañero por el delito del que se le acusaba".

"Como otro ciudadano"

"Siempre hemos confiado en el estado de derecho y en la presunción de inocencia y esto demuestra que los jueces no tenemos ni más privilegios ni más prerrogativas que cualquier otro ciudadano", añadió Alba.

Pero la APM también se muestra "prudente" ante el fallo porque aún ignora el contenido de la sentencia. "Desconocemos sus términos y argumentación jurídica, que es necesaria para poderla valorar concienzudamente, aunque en cualquier caso el resultado es positivo", insistió el portavoz de esta organización.

Pero la APM también recibe la noticia con "prudencia" porque está pendiente la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con el expediente disciplinario que aún está abierto contra Martín y Martín.

Por el contrario, el portavoz del Grupo Socialista, Santiago Pérez, que evitó emitir una valoración jurídica de la sentencia, dejó claro tiene "una sensación vaga, compartida con muchos ciudadanos, de que es más fácil aplicarle la ley en toda su dureza al ciudadano común que al que no lo es".

Pérez matizó que , "éste es un estado de garantías, y si el TS ha dictado esa sentencia, lo habrá argumentado muy bien y yo estaré en condiciones, como un modesto jurista de provincia, de emitir una opinión cuando me la haya estudiado".

El portavoz de la oposición insistió en que "tengo una vaga sensación, que creo que comparten muchos ciudadanos, de que el principio fundamental de la igualdad ante la ley distintivo de toda la cultura del estado de derecho, y no digamos del estado de derecho democrático como el nuestro, a veces es difícil aplicarlo en la vida de todos los días".

Para Pérez, "parece más corriente aplicar la ley, sus términos y a veces su dureza con un ciudadano de a pie". Añadió que se ha quedado "con una sensación muy parecida a cuando he visto algunos aspectos del decreto de la Fiscalía sobre Tebeto: esa sensación de que parece que el interés público pasa de estar rodeado de garantías y de actores que tienen el deber de defenderlo a que éstos, por ensalmo, desaparezcan".

Así, el interés público "se queda desnudo frente al mundo y aparece alguien que se lo lleva en términos de 100 millones de euros en una talega".

Mucho más crítico se mostró el abogado Juan Francisco Díaz Palarea, quien acusó al TS de haber "dictado a sabiendas una sentencia manifiestamente injusta" en el caso de Martín y Martín.

"Lo malo de todo ello es que ahora vamos a tener que soportar en Canarias a un magistrado juez con estos gravísimos antecedentes".

Díaz Palarea añadió que, "lamentablemente, la corrupción está llegando también a algunos tribunales de justicia españoles", lo que supone "otra razón más para que el damnificado pueblo colonial canario consiga cuanto antes la independencia de Canarias del Reino de España y pueda así implementar juzgados y tribunales justos e independientes".

Tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) se abstuvieron de valorar el fallo "al no ser un asunto político".