La redada policial contra inmigrantes del pasado 15 de junio en las puertas del comedor social La Milagrosa, en Santa Cruz, regentado por las Hermanas de La Caridad, en la calle la Noria, ha llegado hasta el Congreso. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tendrá que explicar estos hechos ante la Cámara Baja.

Un informe interno de la Policía Nacional confirma que cuatro de los detenidos en esa redada eran chicos que acababan de salir de un centro de menores de emergencia del Gobierno canario, tras cumplir los 18 años.

Se da la paradoja de que, a pesar de que estos jóvenes pasan años tutelados por el Ejecutivo canario y gozan de permiso de residencia mientras son menores, el Gobierno central los deja indocumentados el día de su mayoría de edad. Resulta chocante que estas personas queden en situación administrativa irregular después de haber estado años integrados en la sociedad canaria.

Estos cuatro jóvenes fueron detenidos al salir del comedor La Milagrosa, pero, ante su apariencia de menores de edad, los agentes los llevaron a un vehículo distinto. Según testigos presenciales de los hechos, los policías pensaron que habían encontrado a menores fugados de algún centro. Las mismas fuentes indicaron que los cuatro eran de origen magrebí.

Además, uno de los policías entró en el comedor hasta la puerta de la cocina, en busca de otro menor que se había escondido.

Cuando la policía comprobó que los cuatro jóvenes detenidos eran adultos, tuvieron que proceder a dejarles en libertad. Se da la circunstancia de que estas personas, a pesar de estar en situación administrativa irregular, se encuentran en un "limbo" jurídico, porque tampoco pueden ser internados en Hoya Fría para tramitar su expulsión, puesto que, de una manera o de otra, todos siguen intentando regularizar su situación.

El informe interno de la policía también refleja que los agentes se apostaron en las puertas del comedor La Milagrosa y solicitaron la documentación a todas las personas que salían del lugar, sin posibilidad de que alguno escapase.

Como resultado, fueron detenidas más de diez personas que no pudieron acreditar su residencia.

Según han relatado a este periódico alguna de ellas, que han solicitado mantener su anonimato, fueron trasladados hasta la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de la calle Robaina.

Allí les cachearon, les tomaron huellas digitales de toda la mano y también les hicieron fotos de frente y de perfil. Ese grupo durmió esa noche en las instalaciones de esa Comisaría.

Al día siguiente fueron trasladados a los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, donde un abogado de oficio les preguntó si deseaban volver a su país. Ante la respuesta negativa de todos, ordenó su internamiento en Hoya Fría y les presentó un documento de expulsión.

"Yo he venido a trabajar, no estoy defraudando las leyes y cumplo con las obligaciones", señaló uno de los extranjeros.

"En Hoya Fría te quitan el móvil, el cinturón, las cuerdas de los zapatos y todos los objetos personales, menos el dinero", explicaron, y uno criticó que no se permita las visitas a los amigos de los internos, sino sólo a los familiares. En este sentido, también señaló que el turno de visita es únicamente de quince minutos.

Además, el pasado viernes, cerca de los 40 días de internamiento, el tiempo máximo permitido por la ley, sólo han sido expulsadas dos personas de esta redada y otros seis seguían en Hoya Fría (uno de ellos con más de cinco años viviendo en Canarias).