El carpetazo a la proposición de ley que buscaba ampliar las competencias de Canarias, que se suma al fallido intento de reforma estatutaria, prolongan un debate sobre el autogobierno en las Islas que no hace más que alargase de manera indefinida sin llegar a generar consenso.

El martes pasado, el Congreso tenía que decidir la toma en consideración de la proposición de la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (Lotraca). De haber salido adelante, hubiera iniciado su tramitación en las Cortes, pero fue rechazada para sorpresa general de la sociedad isleña.

El futuro de ambos procesos parece ahora más incierto que nunca debido a dos factores que condicionan, en mucho, la viabilidad de estos asuntos. Su importancia es tal que, previsiblemente, no saldrán adelante sin un acuerdo mínimo entre Gobierno y oposición.

Por una parte, está la discusión sobre qué fórmula se debe seguir para plantear una futura ampliación de las competencias a Canarias. Aunque sólo se trata de un tema de procedimiento, el asunto genera incertidumbre y si se toma la vía "equivocada", el resultado puede ser otro nuevo fracaso.

Cabe recordar que cuando el Partido Popular (PP) decidió votar en contra de la Lotraca el martes pasado en las Cortes, se puso en contacto con Coalición Canaria (CC) para asegurar a los nacionalistas el "cabal" cumplimiento del pacto de gobierno que mantienen en las Islas en lo que se refiere a la materia estatutaria.

Este compromiso se traducirá, previsiblemente, en el apoyo de los populares a la reforma del Estatuto que ahora mismo formula el Ejecutivo autónomo, y en el que ambas fuerzas son partidarias de incluir las competencias que, siendo exclusivas del Estado, el Archipiélago reclama para sí.

"Es perfectamente posible tramitarlas de esta manera", manifiesta el presidente del grupo parlamentario de CC y defensor de la Lotraca en las Cortes por esta formación política, José Miguel González.

"Las nuevas competencias pueden ir dentro del texto del futuro Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC)", asegura.

En realidad, añade, "algunas de las competencias de este tipo que asumió Cataluña en la última reforma estatutaria, como lo referido a la materia de seguridad, se consiguieron con este procedimiento".

González alega que, con este precedente, "no hay dificultad alguna" para que Canarias plantee de nuevo una ampliación competencial mediante esta fórmula, que es la misma por la que apuestan ahora los populares. Pero los socialistas creen que este camino es erróneo.

Así lo asegura el portavoz del grupo socialista y también defensor de la Lotraca en el Congreso, Santiago Pérez, que asevera que la "única" forma de hacerlo es a través de una nueva Lotraca.

"Reclamar competencias exclusivas del Estado por otra fórmula distinta a una ley orgánica es forzar la Constitución y el propio Estatuto", asegura. Para Pérez, incluir estas competencias en el cuerpo del Estatuto es "insuficiente" para que el Estado su ceda su gestión.

Esta ley orgánica por la que aboga el diputado socialista puede partir de una nueva iniciativa del Parlamento canario, como fue el caso de la fallida Lotraca, o de los grupos del Congreso.

En ambos casos, sería una proposición de ley, "pero sería un poco más ágil si quien impulsa el proceso es el propio Gobierno del Estado", en lo que constituiría un proyecto de ley.

En todo caso, el resultado final que Canarias puede conseguir es de dos tipos. El "óptimo", explica, "es que el Gobierno central acuerde transferir o delegar esas competencias".

La alternativa es un resultado "bueno", en el que el Archipiélago tendrá voz para decidir en esas materias en una suerte de cogestión, si bien la palabra final seguirá siendo del Estado que, en todo caso, se verá imposibilitado de sacar adelante decisiones de manera unilateral y tendrá siempre que oír la opinión de Canarias.

Si hay acuerdo, agrega, "aprobar la ley orgánica, bien sea una proposición o un proyecto, tomará muy poco tiempo".

Acuerdo difícil

Y es justo este aspecto el que plantea la segunda dificultad, ya no referida a la vía legal para tramitar la ampliación competencial, sino a los acuerdos políticos mínimos sobre los que debería asentarse todo el proceso.

El diputado del PP en el Congreso por la provincia de Las Palmas Guillermo Mariscal manifestó tras conocerse el rechazo a la Lotraca en el Congreso que Canarias debería llevar esas competencias en el cuerpo de una reforma al Estatuto "que haya sido consensuado con los socialistas, que son la primera fuerza política del Parlamento regional".

Se trata de la misma postura del Partido Socialista Canario (PSC), pero el problema consiste en la materia a considerar en la reforma estatutaria, porque mientras CC y PP hablan sólo de la ampliación de las competencias y de un nuevo texto estatutario, los socialistas exigen, además, la inclusión de la reforma del sistema electoral.

El PSC ha dejado claro que el principal, sino el único motivo, por el que están dispuestos a discutir un nuevo texto del EAC es la rebaja de los topes electorales en las Islas. "Canarias necesita más y mejor democracia, y la forma para conseguirlo es con un nuevo sistema electoral", argumenta esta fuerza política.

"Conseguir más competencias para Canarias es algo que debe hacerse en clave de consenso: es imposible lograrlo sin que hablemos de un nuevo sistema electoral", advierte Santiago Pérez.

"La Lotraca viene bien a Canarias y la reforma del EAC es imprescindible", añade Pérez, que lamenta la decisión adoptada por el Parlamento regional, con los votos de CC y PP, que permitió retirar de las Cortes la fallida reforma estatutaria. "CC lo hizo, precisamente, porque ese texto llevaba aparejado la reforma electoral que rebajaba los topes".