El pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en la tarde de ayer un acuerdo institucional, con el respaldo de todos los grupos municipales, en los que acordó salir en auxilio de los vecinos de las 119 viviendas de San Matías, que desde hace ocho años son beneficiarios de pisos en régimen de alquiler sin contar con los recursos económicos suficientes para poder afrontar las cargas.
Aunque eran demandantes de viviendas públicas, «tuvieron que abandonar esa lista y firmar un contrato de alquiler al que no iban a poder hacer frente», según se recoge en el texto de la moción consensuada por todos los partidos. Esta situación originó que los vecinos perdieron su antigüedad en las listas para optar a una vivienda social con el agravante de que no tenían ingresos suficientes para abonar los alquileres.
En un escrito de Visocan al Ayuntamiento se plantea a 34 familias con deudas un nuevo acuerdo, tras pagar entre 200 y 20.000 euros por alquileres no abonados, mientras hay 24 familias que «no firman ni reconocen sus deudas que superan la media de 15.000 euros», y sesenta y una sí abona el alquiler acordado.
Ante esta situación, los grupos municipales acordaron en el primero de los dos plenos extraordinarios celebrados en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de La Laguna «convocar una reunión con el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan a los efectos de estudiar alternativas para solucionar el problema de la deuda de aquellas familias que en su día fueron alojadas en estas viviendas y que no podían hacer frente a los alquileres de forma continuada».
Además, también se acordó «reconocer a estas familias su tratamiento a efectos económicos, según el decreto 32/2020, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler hasta que sean adjudicatarios de una vivienda social».
El alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, explicó que asume un compromiso como mediador, ya que estas viviendas son del Instituto Canario de la Vivienda».
En el acuerdo unánime se acordó «instar a las familias residentes que en origen estaban inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública de Canarias a que tramiten de nuevo su inscripción en el mismo», así como convocar una asamblea vecinal para dar cuenta del acuerdo y estudiar las acciones a desarrollar en un próximo futuro, entre otros puntos.
Descontento vecinal
El primer pleno extraordinario arrancó con la intervención de dos representantes vecinales de los 119 afectados de San Matías. Francisco Javier Vacas, que agradeció la gestión de la asociación de vecinos de San Jerónimo (Taco) que le permitió hablar en el pleno– recordó que hace más de siete años decidieron enfrentarse a luchar contra un gigante para evitar perder la titularidad de las viviendas y tener que empezar desde cero.
Junto a Francisco Javier Vacas también habló Ana Ramallo, quien lamentó la situación que padecen desde hace casi ocho años y reprendió al concejal de Viviendas, Santiago Pérez, por no haber atendido la solicitud de una reunión. «He tenido que vender por 300 euros a la charra mi coche, mi herramienta de trabajo, para cumplir las obligaciones». Los dos vecinos mostraron su rechazo tajante al acuerdo institucional que luego aprobaron todos los partidos. «La solución no está en instar, sino en actuar por vía de urgencia», reclamaron, sin pasar por alto que «no tenemos liquidez» y asegurar que los políticos «se aprovechan de la vulnerabilidad de los vecinos para favorecer la especulación». «Aquí no veo interés en ninguno para resolver esta situación», advirtió Ramallo.
Tras la intervención, el alcalde sometió a votación la moción consensuada antes del pleno y que no evitó el rifirrafe político. Santiago Pérez, que dijo que «la vecina le merecía más respeto del que él despierta en ella», dijo que en sus 23 años como concejal nunca ha cobrado un sueldo de las arcas municipales. El portavoz de CC, Jonathan Domínguez, también pidió la palabra para lamentar la falta de elegancia de Pérez, siendo un acuerdo institucional. Mientras el alcalde pedía evitar el cruce de acusaciones, Pérez quiso tener la última palabra: «Usted es un provocador, como cada vez que habla», recriminó al nacionalista.
Tras la aprobación inicial de las bases para conceder subvenciones a entidades ciudadanas comenzó el segundo pleno en el que se abordó la modificación presupuestaria por 5,35 millones de euros y proceder a un suplemento de crédito por tres millones para Deportes. Y como colofón, se materializó la renuncia de la concejala de Unidas Se Puede María José Roca, para la que nadie escatimó elogios; «espero sea un hasta luego», abogó el alcalde.
