La Laguna fue seleccionada para implementar un proyecto europeo que trata de prevenir los riesgos geológicos gracias a la participación activa de la propia ciudadanía. El Parque Rural de Anaga, una zona montañosa con una gran afluencia de visitantes y poblaciones aisladas susceptible de sufrir desprendimientos de rocas, es el punto en el que se desarrollará esta experiencia piloto, que tiene como finalidad recabar la mayor información posible sobre este tipo de peligros para mejorar la base de datos a nivel nacional y reforzar la seguridad.
A través de la Plataforma para la Gestión de Riesgos Geológicos del Atlántico (AGEO), financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico con tres millones de euros, se crearán observatorios ciudadanos en cinco países. En España, esta herramienta participativa se pondrá en marcha en Canarias, limitándose, en el caso de Tenerife, a la Anaga lagunera. Esta acción, liderada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con el apoyo de la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento, permitirá a la población colaborar de forma sencilla en la detección de desprendimientos.
El concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, José Luis Hernández, y los coordinadores del proyecto mantuvieron un encuentro con representantes de las asociaciones vecinales de El Batán, Bejía, Chinamada y Las Carboneras; miembros de Protección Civil, Policía Local y la Gerencia de Urbanismo; y agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente. Esta reunión fue la primera sesión para constituir el Observatorio Ciudadano sobre Riesgos de Desprendimientos. Con la puesta en marcha de este proyecto, «los ciudadanos van a ser los ojos de los científicos para conocer a fondo cómo funcionan estos fenómenos y mejorar la gestión».
A través de esta plataforma, quienes encuentren cualquier situación de inestabilidad en el terreno de la Anaga lagunera podrán mandar la información al IGME a través de dos vías: utilizando una aplicación móvil o remitiendo un correo electrónico a moves@igme.es. Una vez recibida, será validada e incluida en la base de datos nacional para ver “de qué manera se puede reducir ese riesgo. La finalidad es la prevención; conocer lo mejor posible el peligro para poder prevenir”, concluyó la investigadora Isabel Montoya.
El ingeniero Juan Carlos Santamarta explicó que, «aunque el proyecto tiene una vigencia de tres años, la idea es que la aplicación móvil se mantenga en el tiempo y se extienda al Archipiélago».
