La Plataforma Canaria en Defensa de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), que preside el abogado José Luis Langa, asumirá la defensa jurídica de los más de 55 propietarios afectados por el anuncio de derrumbe de casetas en las zonas de Puntalarga y El Faro, en Fuencaliente.
Estos asentamientos recibieron el pasado mes de junio del Servicio Provincial de Costas de Tenerife una orden de ejecución para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de casetas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga.
En la comunicación recibida se especifica que se va a proceder a la ejecución subsidiaria, previo consentimiento del afectado para la entrada en domicilio confiriéndoles un plazo de diez días para otorgar su consentimiento o, en su defecto, se solicitará la oportuna autorización judicial.
En este caso se cargarán los gastos de la demolición, retirada de los restos y reposición del terreno a cada uno de los vecinos, con el coste que ello conlleva.
José Luis Langa señala que «se trata de familias humildes que ahora ven amenazadas unas viviendas que, en algunos casos, es su única residencia», por lo que «ya se ha anticipado que los afectados no procederán a la ejecución voluntaria, con lo que el procedimiento continuará hasta la obtención de la necesaria autorización judicial», matiza.
Para el letrado, este asunto «se hubiera resuelto favorablemente de haberse producido el traspaso de competencias estratégicas en materia de gestión de Costas en junio de este año», según se indicó el pasado abril tras un encuentro entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
«Dicho traspaso de competencias supondría un avance histórico en el autogobierno del Archipiélago, pues Canarias vive por y del mar y solo los canarios saben cómo se relacionan con el mar», añade Langa González.
Este proceso se inició en junio de 2005, cuando el Servicio Provincial de Costas de Tenerife resolvió recuperar el dominio público «ocupado indebidamente», y ordenó la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo.
Una parte importante de los propietarios desistió de seguir el proceso con recursos, permitiendo a Costas demolerlas, pero otro grupo mayoritario comenzó un litigio para intentar salvar sus viviendas. Los vecinos presentaron recursos de alzada contra la Dirección General de Costas que fue desestimada, llegando incluso hasta el Tribunal Supremo, que también, en 2013, rechazó la reclamación de estos vecinos.
En este periodo, concretamente en abril de 2016, la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas firmó un protocolo de colaboración con el Gobierno de Canarias, entonces presidido por Fernando Clavijo, «con el fin de crear una Comisión Mixta de Transferencias que garantizase el cumplimiento de la preservación del litoral de las islas y que estableciera las bases para reconocer la singularidad del archipiélago en materia de Costas», recuerda José Luis Langa.
