El objetivo: reducir la presión fiscal

Reducir la presión fiscal sobre la ciudadanía de manera que particulares, familias y empresas puedan mantener su poder adquisitivo a pesar de que sus ingresos se hayan visto reducidos por la crisis. Es el principal objetivo de las políticas económicas que viene desarrollando el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna contra la situación generada por la pandemia.

“Era un objetivo que ya estaba en nuestro compromiso de Gobierno para el municipio”, explica el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez, “y desde el primer momento activamos las distintas herramientas que teníamos a nuestro alcance para hacerla realidad, siempre dentro de nuestras posibilidades y con la prudencia necesaria para que la gestión diaria del Ayuntamiento no se viera afectada”.

La crisis generada por el coronavirus no hizo sino reforzar una política fiscal que ya había quedado de manifiesto al presentar el proyecto de presupuestos para el año 2020 (los primeros elaborados por el nuevo grupo de Gobierno y “uno de los presupuestos sociales más importantes en la historia de este municipio”, según aseguró el alcalde en la presentación del documento), en los que ya se anunciaba una congelación de las tasas y tributos municipales. La medida entró en vigor en febrero de 2020, al iniciarse el periodo de recaudación, un mes antes de que se desatara la crisis sanitaria. En ese momento, el concejal de Hacienda y Servicios Económicos, Alejandro Marrero, señaló que “apostamos por no incrementar la carga fiscal sobre la ciudadanía, sin que ello repercuta en el nivel de inversión pública y en el mantenimiento de los servicios públicos”.

Para hacer posible esa “cuadratura del círculo” que supone reducir la presión fiscal y mantener el nivel de inversiones, se hacía imprescindible mejorar las herramientas de recaudación municipal. “Nosotros estudiamos desde el primer momento la capacidad del Ayuntamiento para generar ingresos”, asegura Alejandro Marrero, “y detectamos que teníamos posibilidades de mejorar la eficiencia en la recaudación. Nos encontramos con muchos derechos reconocidos que finalmente no se llegaban a ingresar, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales”.

Alejandro Marrero explica que “tratamos de evitar que aquellos ciudadanos que sí asumen sus compromisos fiscales no se vean perjudicados por una menor inversión pública debido a las carencias en el apartado de recaudación, lo que sería injusto”. De manera que desde el área de Hacienda se comenzó una tarea meticulosa ante la necesidad de mejorar los procedimientos internos que se tradujeran en una mayor eficiencia recaudatoria.

La declaración del Estado de Alarma, con el golpe que supuso el parón de la actividad económica, obligó al gobierno municipal a desarrollar de inmediato nuevas medidas para evitar el hundimiento de las economías familiares y de PYMES y autónomos. “Medidas para intentar mantener, de acuerdo con nuestras posibilidades, el poder adquisitivo de las familias y el consumo. Lo que realmente buscamos es que la actividad en el municipio no se detenga, que el nivel de gasto permita la supervivencia de las empresas y que su repercusión sobre el empleo sea la menor posible”, asegura el concejal.

Para favorecer ese mantenimiento del consumo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha todas las herramientas a su alcance en materia de política fiscal. “Hemos aplicado reducciones que benefician a toda la población en nuestro municipio en su conjunto, además de una línea de bonificaciones, reducciones y subvenciones que hemos habilitado para determinados perfiles de la población, como pueden ser PYMES y autónomos, o familias con escasos recursos”, explica Marrero.

En el primer caso se incluye la reducción del IBI al tipo general, pasando el tipo de gravamen del 0,53% al 0,515%, que se aplicará a los bienes inmuebles de naturaleza urbana hasta el 31 de diciembre de 2023. La rebaja del IBI, que había permanecido congelado en los últimos ocho años, supondrá un ahorro de cerca de un millón de euros para las vecinas y vecinos del municipio. “No se excluirá a nadie, porque entendemos que las familias y el sector empresarial deben tener los máximos recursos disponibles posibles para afrontar el día a día ante este contexto tan delicado que vivimos”, aseguró Alejandro Marrero al anunciar la medida.

Paralelamente se han aplicado reducciones y bonificaciones a empresas especialmente afectadas por la crisis. Probablemente la que ha tenido mayor repercusión pública ha sido el devengo de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, quioscos y autobares para el sector de la hostelería y la restauración, uno de los más castigados por la actual coyuntura, así como para el resto de actividades comerciales que se desarrollan en el municipio y que implican un aprovechamiento de dicho dominio. Se trata de un alivio significativo para los negocios de La Laguna, que se han visto fuertemente golpeados por el covid-19 y reducidos sus aforos en cumplimiento de las medidas sanitarias.

Con el objetivo de promover su reactivación una vez superada la situación de confinamiento, el Ayuntamiento aprobó distintas acciones de apoyo, como los más de tres millones de euros en ayudas para microempresas y autónomos, el más de medio millón de euros para el sector del taxi, y la autorización para que los locales pudieran ampliar sus terrazas debido a la necesidad de garantizar el distanciamiento social.

Otras ayudas directas se han enfocado a ayudar a determinados grupos de población, como familias con ciertos perfiles sociales o un nivel mínimo de ingresos, o, en apoyo a las políticas medioambientales, con la bonificación del 50% del IBI para aquellas personas que instalen en sus hogares sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo.

Junto a las bonificaciones y reducciones, se han establecido programas de pago adaptados y personalizados, ajustándose a la realidad de determinados perfiles personales y empresariales, tanto en aplazamientos, fraccionamientos o reconsideraciones, siempre dentro de las posibilidades que brindan las ordenanzas municipales y las leyes estatales.

“Ahí sí que hemos hecho un gran esfuerzo para contribuir a aliviar la carga de compromiso de las empresas, para que esas economías puedan ser destinadas a otros fines como consumo, inversiones, pago de nóminas, etc… Hemos hecho un gran trabajo a la hora de analizar las propuestas de las propias empresas y grupos de empresas que nos han planteado distintas fórmulas de pago de tributos, y nos hemos adaptado en la medida de nuestras posibilidades, para facilitarles el cumplimiento de sus compromisos fiscales”, concluye el concejal.

Las medidas aplicadas por La Laguna para reducir la presión fiscal sobre las vecinas y vecinos de La Laguna han recibido el reconocimiento de las cuatro patronales turísticas de las Islas -la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y la Federación Turística de Lanzarote (FTL)-.

Esta puesta en valor de las rebajas aprobadas por el Gobierno local responde al apoyo que suponen para las empresas del sector, que de forma generalizada han solicitado a las administraciones públicas bonificaciones tributarias para poder afrontar las consecuencias económicas que está provocando la crisis sanitaria.

El impulso de ese tipo de políticas, como es el caso de la reducción en un 50% de la tasa anual de basura y la ampliación de plazos para el pago voluntario de tributos, han dado lugar a que La Laguna se haya convertido en la décima gran ciudad de España con las mejores políticas municipales para invertir en el territorio, según un estudio anual de la Fundación para el Avance de la Libertad. Aguere mejoró su ranking nacional, pasando del puesto 23 en 2019 al décimo en junio de 2020. Esta subida es, de hecho, la tercera más importante de la tabla, colocándose por detrás de San Sebastián y Palma de Mallorca.