Canarias celebraba hace apenas un mes el 35 aniversario del solemne acto de firma de los protocolos de las transferencias del Estado a nuestro Achipiélago, un proceso que significó y significa dotar a esta región de las herramientas y los dineros suficientes para que los hombres y mujeres que habitaban, habitan y habitarán estas ocho islas pudieran enfrentarse al futuro que ellos mismos, de la mano de sus dirigentes políticos, soñaron y sueñan aún hoy.

En 1979 empiezan las primeras negociaciones para el traspaso de las competencias del Estado a nuestras islas. Con la aprobación en 1982 de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias y poco después de la LOTRARCA (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias) la suerte estaba echada para los cientos de miles de habitantes de las islas de entonces que con sus decisiones y con unas negociaciones que se prolongaron durante años lograron que el Archipiélago fuera reconocido por sus necesidades y, también, por sus singularidades.

Este suplemento celebra aquel acto y recuerda la labor de un largo centenar de personas, muchos de ellos anónimos, que mantuvieron reuniones maratonianas durante años con ministros y políticos de uno y otro bando para articular lo que la constitución denominada como el Estado de las Autonomías, un conglomerado de normas y leyes que debían contentar a una parte sin perjudicar al resto y siempre, por encima de todo, ensamblándose a las necesidades del país democrático que estábamos construyendo entre todos tras la aprobación de la Constitución.

En ese panorama, un 24 de octubre de 1985 el vicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, y el presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, se unieron en el salón del edificio de Usos Múltiples 1 de Las Palmas de Gran Canaria para formalizar con una rúbrica unas transferencias que se llevaban realizando desde al menos hacía un lustro y que precisamente había receptado en el 1984 uno de los bloques más amplios en lo que a materia de trasnferencias se refiere. De hecho en 1985, el año de la firma, tan solo se hicieron efectivas 17 aunque la importancia del acto en cuestión continuaba siendo la misma: la identidad canaria y los fondos necesarios para construirla y reforzarla.

Canarias es la quinta comunidad autónoma que más competencias ha asumido desde el inicio del proceso de descentralización iniciado tras la aprobación de la Constitución en 1978 y, sobre todo, tras al pacto autonómico de 1981. En concreto, se han producido en estos 42 años un total de 127 transferencias competenciales a las Islas, cifra únicamente superada por Cataluña (189), Andalucía, (155), Galicia (154) y Comunidad Valenciana (132). Canarias, que supera incluso al País Vasco en número de competencias asumidas (113 en el caso de la comunidad euskaldún), se benefició sin duda del amplio despliegue que supuso el hecho de que, junto a la región valenciana, su primer Estatuto de Autonomía se desarrollara a través de una Ley Orgánica específica de transferencias, la Lotraca en el caso canario y la Lotrava en el valenciano. Inmediatamente por detrás de Canarias quedan Castilla y León (116), Aragón y Baleares (112), Murcia (111) y Cantabria (106). Todas las demás están por debajo del centenar de traspasos, cerrando la lista Navarra con 60. Ceuta y Melilla han recibido 24 y 21.

Hoy, 35 años después y con el Archipiélago soportando una larga y mala racha de desdichas (incendios, paro, calimas, pandemias, caída del turismo...) es un momento ideal para recordar y repasar el legado de unos hombres que ilusionaron a una región insular a la que dieron posibilidad -por fin- de autogobernarse.