Pedagogía para entender la actual Europa

Muchas veces, cuando hablamos de Europa o de Bruselas en genérico, estamos cometiendo un error conceptual bastante notable. Puede que hace algunos años fuese adecuado homogeneizar esa idea, pero en la coyuntura actual resulta injusto y hasta peligroso. La imagen sólida, solidaria y cohesionada de la Unión Europea (UE) de tiempos pretéritos se tambalea por la proliferación de partidos, ideologías y otro tipo de lobbies que, desde dentro, están desgastando el trabajo iniciado hace muchos años y formalizado en 1957 con el Tratado de Roma.

Es importante diferenciar quién es quién y las funciones que tienen el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo: su papel es diferente y los posicionamientos ideológicos muy variados. De cara al siguiente periodo de programación de fondos de la UE, este variado mosaico ideológico y político se reflejará en unas negociaciones complejas entre todos los implicados, como ya estamos viendo.

Con riesgo a homogeneizar en exceso, pero como única vía para dar una imagen de conjunto referencial válida, hay que hacer una división ideológica de los gobiernos de los países que forman el Consejo en varios bloques. De esos Estados, tan solo el 15% tienen un gobierno de ideología de izquierda moderada o centro izquierda, como España o Dinamarca, con apoyos de partidos de izquierda más radical y de diferentes ideologías. Otro 33% se pueden calificar como de centro liberal, con amplio espectro, dentro de los que están Francia o Irlanda. El bloque mayoritario, y probablemente el más heterogéneo, sea el de centro–derecha europea (liberal–conservadora), con el 40% de los Estados, que van desde Grecia hasta Austria, con coalición de centro derecha con Verdes en este último país como claro ejemplo. La derecha radical ya gobierna en el 12% de los Estados, en países de tanto peso en el contexto europeo como Italia o Hungría.

Parlamento Europeo

La actual composición del Parlamento Europeo es una clara muestra de lo dicho anteriormente. Los 720 parlamentarios se dividen en ocho grupos, a los que hay que añadir el de no adscritos. El bloque de la izquierda va desde los más moderados, la Alianza Social Demócrata, hasta ecologistas como los Verdes o el denominado La Izquierda, con un porcentaje aproximado del 30% de escaños. El centro–derecha aglutina al grupo Popular Europeo, el más importante por número de escaños, junto a los liberales, con un 36% del total. La extrema derecha, con tres grupos (Patriotas, Reformistas y Soberanistas), tiene un 26% de los escaños y representa el ala más beligerante del actual Parlamento.

La Comisión, encabezada actualmente por Ursula von der Leyen, que repite cargo, parte de una ideología inicial de centro–derecha, pero con ciertos giros progresistas y soberanistas que han ido evolucionando hacia posturas más conservadoras. La máxima expresión de esta tendencia puede que haya sido el borrador del presupuesto de la UE 2028-34, que ha generado más oposición y desconcierto que apoyos firmes, obligando a la Comisión a redefinirlo.

Lo que acontece en Bruselas no es otra cosa que la nueva realidad europea, reflejada en el Parlamento y las dudas de la Comisión. Parece que los pactos entre las fuerzas moderadas de centro, izquierda y derecha, de tiempos no muy lejanos –al estilo alemán entre el SPD y la CDU– corren peligro. La lógica colaboración entre socialdemócratas y democristianos, que posibilitó el crecimiento de la Europa moderna, se resiente por culpa de la situación política estatal de los miembros de la Unión, plasmada en el arco parlamentario de Bruselas y Estrasburgo.

España es fiel reflejo de esa tendencia, ya que el centro–derecha solo encuentra en la derecha radical un socio estable, y los socialistas gobiernan con el apoyo de un abanico de partidos de amplio espectro ideológico. Las comunidades autónomas repiten este esquema y, a escala local, ocurre lo mismo: a día de hoy, los pactos entre socialistas y populares resultan casi imposibles.

Estamos viendo en estos últimos días interesantes debates y cruces de acusaciones a costa de la primera propuesta que se hizo de la Política Agraria Común (PAC) para el nuevo periodo de programación. Teóricamente, este primer borrador emana de un gobierno de centro-derecha, afín a los populares españoles, pero cuenta con el rechazo unánime de los partidos políticos españoles y con la oposición del sector agrario.

Esta situación se vuelve más compleja aún cuando los propios populares españoles rompieron la disciplina de voto de su grupo en el Parlamento Europeo recientemente, tras el debate sobre la reducción de emisiones del 90% para 2040. Probablemente, la política nacional haya dado, en este caso, el salto a Bruselas y marca una interesante excepción que puede no serlo a medio plazo a escala continental. Este hecho refuerza la tendencia citada con anterioridad a escala estatal, con un escoramiento del centro–derecha hacia postulados más extremos, y puede extrapolarse a escala europea, manifestándose de manera efectiva en la primera propuesta de presupuesto para el siguiente periodo de programación.

Euroescépticos

Los guiños de la derecha más moderada a ideologías más extremas no son una buena noticia para Europa, ya que los nacionalismos extremos chocan radicalmente con lo que debería ser, y hasta la fecha ha sido, la UE. Negociar con fuerzas nacionalistas, por ende euroescépticas, sirve para darle poder a quien realmente no cree en Europa. Y todo esto lo vemos claramente reflejado en ese primer borrador que la Comisión ha presentado con el presupuesto para el periodo 2028-34.

Frente al modelo más tradicional que homogeneizaba y, en cierto modo, centralizaba reglamentos y normas para luego descentralizar la gestión a escala estatal y regional/autonómica, para este periodo se propone una opción diferente. Bajo el paraguas de una mejor, más ágil y descentralizada gestión, se cambia la orientación global y el futuro de la UE hacia la priorización de la defensa y la seguridad, interna y externa, perdiendo peso objetivos prioritarios fundamentales hasta la fecha, como la cohesión, el Estado del bienestar o el medio ambiente, según sus detractores.

Los defensores de la nueva propuesta hablan de la soberanía estratégica, la competitividad, la resiliencia económica, la digitalización, la transición ecológica y la capacidad de la UE para responder a crisis externas como principales objetivos, dentro de una visión más ambiciosa e integral.

Antes de enero de 2028 deben estar los presupuestos aprobados por el Consejo (por unanimidad) y por el Parlamento (por mayoría absoluta pero con derecho a veto), junto con todos los reglamentos específicos que marcan su uso y gestión. Si las negociaciones se complicasen, se iría a una ampliación del MFP de gran complejidad, ya que teóricamente supondría combinar nuevos reglamentos en su gestión, previa derogación de los anteriores.

No hay que olvidar otros aspectos importantes, como la obligatoriedad de algunos fondos –un 22% para la PAC y un 65% para la PPC–, o la determinación de la obligatoriedad de ayudas rentables y consolidadas, como el Leader para el medio rural, dejando su futuro en la voluntariedad de la nueva propuesta de fondos para el siguiente periodo.

Es en este contexto donde Canarias adquiere un protagonismo singular. El Gobierno autonómico ha alertado de que el giro que se perfila en Bruselas pone en riesgo el modelo de cohesión que ha sostenido la integración europea. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de que este cambio de enfoque cuestiona el reconocimiento específico de las regiones ultraperiféricas (RUP), recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y abre la puerta a una recentralización que vacía de contenido ese principio. El riesgo, advierte el Ejecutivo canario, es que el nuevo marco acabe diluyendo instrumentos clave que durante décadas han permitido compensar desequilibrios estructurales y sostener la cohesión social y económica del Archipiélago y del resto de las RUP.

La propuesta de los próximos presupuestos comunitarios tiene una traducción directa en el ámbito económico y productivo de las Islas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha avisado de que las cuentas comunitarias para el periodo 2028-2034 podrían suponer la pérdida de entre 22.000 y 24.000 empleos y comprometer gravemente la soberanía alimentaria de Canarias, ya que la propuesta podría acabar con varios subsectores agrícolas y ganaderos.

El plan de la Comisión incluye la desaparición del «reglamento exclusivo del Posei agrícola (ayudas a la lejanía), que permite a las regiones ultraperiféricas adaptarse de manera ágil a los mercados. La sustitución del sistema actual por un «sobre nacional» obligaría a Canarias a competir con otras prioridades del Estado –como los servicios sociales o la gestión migratoria– para acceder a fondos hasta ahora garantizados, debilitando la interlocución directa con Bruselas. Desde el Gobierno de Canarias y las organizaciones agrarias de las Islas se rechaza de forma frontal que el Posei pase a manos del Estado y deje de depender directamente de la UE, al considerar que supondría una pérdida de autonomía, agilidad y capacidad de respuesta ante crisis productivas o sanitarias.

La experiencia previa con los programas de desarrollo rural (PDR) demuestra que la nacionalización de estas ayudas genera un «follón» burocrático que paraliza cualquier modificación necesaria para el campo.

El Gobierno de Canarias advierte, además, de que, mientras el recorte medio previsto para el conjunto de la Unión Europea ronda el 22%, el ajuste para el sector primario podría alcanzar hasta el 60%, en un contexto en el que Bruselas prioriza el gasto en defensa, seguridad y soberanía estratégica. Un cambio de prioridades que amenaza con debilitar la cohesión territorial y profundizar las desigualdades.

Ante estos nubarrones para las RUP de España, Francia y Portugal, Clavijo logró recientemente el respaldo del presidente Pedro Sánchez a la defensa de los intereses del Archipiélago y de todas las regiones ultraperiféricas en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la UE. Sánchez asegura en una carta remitida al presidente canario que «España exige y seguirá exigiendo» que el presupuesto europeo para el periodo 2028–2034 «tenga plenamente en cuenta las particularidades y necesidades de las RUP».

Además, Sánchez confirmó a Fernando Clavijo que defenderá ante la Comisión Europea cambios en la propuesta redactada por el equipo de Ursula von der Leyen que impliquen «una financiación y visibilidad suficiente para la agricultura, la pesca y la cohesión territorial».

En su misiva del pasado 23 de diciembre, Pedro Sánchez asegura que ya trasladó personalmente el rechazo de España a la propuesta de Marco Financiero Plurianual en el Consejo Europeo celebrado el 18 de diciembre en Bruselas. Añade que la defensa del estatus RUP también fue puesta sobre la mesa en este encuentro de los 27 por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

El titular del Ejecutivo español también confirma en su carta a Clavijo su respaldo a participar en los próximos meses en una cumbre de los tres Estados con regiones ultraperiféricas para sellar un frente común. El próximo Consejo Europeo se celebrará previsiblemente en marzo. Por esa razón, Canarias espera que la cumbre RUP con los máximos representantes de los tres Estados y de las nueve regiones ultraperiféricas se celebre antes. El objetivo es llegar a esa cita de los 27 con una voz única que plasme el rechazo a que las regiones ultraperiféricas pierdan sus ayudas específicas.

Derecho a veto

La máxima implicación de España, Francia y Portugal en la defensa de las RUP será clave de cara a revertir la propuesta que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. De hecho, los Estados miembros tienen la potestad de vetar en el Consejo Europeo el futuro Marco Financiero Plurianual, un poder que obligará al equipo de Von der Leyen a negociar a fondo este documento.

El juego ha comenzado. Así se vio en un reciente seminario en Bruselas del Pacto Rural Europeo. En el mismo participaron representantes de la Comisión y del Parlamento. Tras la exposición exhaustiva y detallada de la propuesta por parte de un representante de la Comisión, intervino un parlamentario europeo mostrando su rechazo a la propuesta y anunciando acciones por parte del Parlamento frente a la misma.

Los líderes de los cuatro principales grupos políticos del Parlamento Europeo enviaron, tres días después del seminario, una carta a la presidenta Ursula von der Leyen rechazando de forma tajante las propuestas presentadas el 16 de julio sobre los Planes Nacionales y Regionales de Asociación.

La lectura de todo lo dicho hasta el momento deja un escenario bastante claro: la trascendencia de lo que se está debatiendo en Bruselas y, por extensión, en toda Europa, va más allá de cifras, reglamentos y presupuestos. Se está definiendo un modelo de futuro, en un contexto en el que la Unión Europea debe cobrar el sentido más literal que implica su nombre: «Unión + Europa».

Europa fue, es y deberá seguir siendo punto de consenso y encuentro, referencia de derechos sociales, cohesión y estabilidad. Cualquier otra cosa será volver a un pasado oscuro e innecesario. Hay que confiar y desear que el eterno Jorge Ilegal se equivocara con su «Europa ha muerto». La reflexión deberá servir para ubicar a cada uno en el marco preciso de su responsabilidad, entender lo que está en juego y comprender que la supuesta idea de dar más autonomía a los Estados, con los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, con una propuesta descentralizada y perniciosamente más abierta del nuevo MFP, lleva riesgos implícitos que chocan con los principios básicos de la Unión Europea.

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