¿Puede ser la salud mental un negocio?

Desde un punto de vista de la mera teoría económica, los sistemas sanitarios pueden ser considerados como bienes privados, puesto que los principios de rivalidad y exclusividad son sus características: el uso de los servicios sanitarios mengua la capacidad de su utilización por parte de otros demandantes, compitiendo, en la práctica, por este acceso. De aquí las listas de espera (rivalidad).

Por otro lado, podríamos excluir de la prestación del servicio a aquel que no pague o contribuya financieramente (exclusividad). De aquí la figura del beneficiario.

Ahora bien, por la importancia trascendental que estos servicios representan para el bienestar y el equilibrio social, son considerados como merecedores de un trato especial que evite o atenúe la potencial discriminación y la inequidad en el acceso a estos servicios. Son los llamados bienes tutelares o preferentes (’merit goods’), y suponen una de las bases fundamentales de los estados del bienestar.

La OMS define la salud mental como «un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente en los momentos de estrés de su vida, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad, y es considerado como un derecho humano fundamental».

En estos últimos 25 años, el sector de la salud mental se ha desprendido de buena parte de los estigmas y de los tabús que lo caracterizaban. Esto ha evidenciado unos relativamente altos niveles de prevalencia e incidencia de las denominadas enfermedades mentales en nuestras sociedades. Según la ESCA, el 22,1% de los catalanes sufren trastornos o problemas de malestar emocional: hay un importante mercado potencial en el campo de la salud mental.

Buena parte de esta demanda, hasta hace relativamente poco casi exclusivamente en manos de las administraciones o los organismos de beneficencia, no está cubierta, bien sea por incomparecencia del sector público en la nueva demanda, o bien por abandono en la más antigua.

El neoliberalismo, de la mano de los fondos de inversión y las multinacionales, ha descubierto, ya hace tiempo, que el sector sanitario es potencialmente una buena fuente de ingresos y lo ha convertido en una de sus dianas principales. Y, dentro de estos, un sector todavía relativamente virgen al respecto es el de la salud mental, justamente por la oscuridad en la que ha vivido hasta ahora.

Económicamente es viable, ¿pero es ética la privatización de los servicios de salud mental?

Ya lo hemos dicho, la salud mental es un derecho que se tiene que manifestar en valores como la universalidad del acceso a las prestaciones, la equidad, la no discriminación....

Fondos de inversión y multinacionales tienen como finalidad clave maximizar los beneficios de su capital invertido. Hacer negocio. Por encima de todo.

La Comunidad Autónoma de Madrid ya tiene cierta experiencia al respecto y, aunque no hay evaluaciones de fondo, esgrime factores como una mayor eficiencia, más rapidez en el acceso a los servicios, y una mayor libertad de elección. Pero también más inequidades en el acceso a los servicios, más precariedad laboral y un mayor interés por atender a pacientes nuevos, más rentables, que en hacer largos seguimientos.

Precaución. Desgraciadamente tenemos ejemplos, estas últimas semanas, de lo que pasa cuando se fía todo a la privatización. La salud mental no puede ser un negocio.