En el laberinto del exceso patrimonial en Canarias

El Gobierno de Canarias quiere revisar su patrimonio para ponerle coto. La Consejería de Cultura ha presentado un anteproyecto para reformar la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias con el objetivo de reservar la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) solo a elementos que presenten «valores excepcionales».

La propuesta busca evitar una ‘inflación patrimonial’ manifiesta en los más de 456 BIC en los catálogos del Archipiélago, una parte de ellos sin planes de conservación concretos. «La figura que en nuestra opinión se ha visto excesivamente utilizada», indica el director de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo. Protegidos sobre papel, pero vulnerables en la práctica, constan múltiples ejemplos de abandono, como las Cuevas de Los Canarios en la costa de El Confital (Gran Canaria) o la desprotección que sufrió el Hotel Taoro en Tenerife, una joya histórica de la arquitectura rehabilitada recientemente.

Un BIC representa la máxima distinción que otorga una comunidad autónoma a un elemento patrimonial, ya sea inmueble, mueble o inmaterial, una vez se haya superado un procedimiento burocrático que cristaliza en su aprobación final por decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Lo cierto es que en este cajón de sastre, existe un orden de categorías que aglutinan desde monumentos singulares como la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria hasta conjuntos históricos emblemáticos como el barrio de Vegueta. También pueden catalogarse según una zona arqueológica o zona paleontológica como La Santa en Lanzarote, hasta tradiciones protegidas de patrimonio inmaterial como el Carnaval o el silbo gomero, tramitado como BIC el pasado febrero.

«El BIC se ha usado más por prestigio que por valor», señala el director general de Patrimonio, que califica de disparate» la cifra de reconocidos

La actual Ley de Patrimonio Cultural de Canarias «necesita una serie de ajustes que nos indica la experiencia en el funcionamiento», según señala Clavijo. El marco vigente modernizó la desfasada normativa de 1.999, para dar más protagonismo a los ayuntamientos y cabildos insulares, estos últimos responsables de la gestión del catálogo de Catálogos Insulares de Bienes Culturales. Además, estableció procedimientos más claros para la incoación y tramitación de estos expedientes.

Sin embargo, la aplicación práctica de la ley ha evidenciado ciertos desequilibrios. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural propone una «repensada» que modifica casi un centenar de artículos «para hacer más operativa la ley canaria», señala Clavijo sobre las carencias y necesidades identificadas. Para garantizar que esos procedimientos no queden en papel mojado, el anteproyecto plantea un régimen sancionador más estricto.

Las multas más graves podrían alcanzar el millón de euros. La propuesta busca combatir el deterioro progresivo del patrimonio y disuadir atentados que, según el Ejecutivo canario, se han vuelto cada vez más frecuentes. Pero este enfoque punitivo convive con sanciones que, en la práctica, se han situado por debajo de las cifras inicialmente planteadas. El ejemplo es el caso de Cuna del Alma, en el que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico acordó la semana pasada imponer a la empresa Segunda Casa Adeje S.L. una multa de 229.503 euros por daños arqueológicos irreversibles, lo que supone una infracción «muy grave», que dista de los 600.000 euros que se barajaron en la legislatura anterior, encabeza por Nona Perera.

La catedrática María Isabel Navarro advierte de que sin una política pública sólida, el castigo pierde efectividad. «La prioridad debería ser que las administraciones —Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos— asuman primero sus responsabilidades en la protección y gestión del patrimonio», sostiene. «Solo después tendría sentido aplicar medidas punitivas». Critica además una actitud que califica de cínica: «Se plantea un endurecimiento sancionador sin haber garantizado antes la conservación real de los bienes».

Por otro lado, los expertos alertan sobre una «banalización» del concepto de BIC pero, ¿realmente está Canarias saturada de esta figura de protección del patrimonio? Existen dos formas de responder la cuestión, según a quién se pregunte. Clavijo advierte de que los BIC «se han usado más que con fines patrimoniales, con fines de prestigio» y recuerda que la actual cifra de 456 supone «un auténtico disparate».

La nueva propuesta legislativa endurece las multas y eleva las sanciones al millón de euros en atentados contra los bienes

Este problema se suma a otras realidades que arrastra históricamente el patrimonio, y que afectan a un sector crítico con la aplicación de la norma y su eficacia real. Por enumerar solo unos pocos: el aumento de atentados contra el patrimonio; la falta de planes de conservación o financiación para monumentos y yacimientos arqueológicos; la caducidad de 156 expedientes de BIC por parte del Tribunal Constitucional en 2020; o la polémica por la declaración como BIC del monumento a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife.

Bajo el criterio de la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, una especialista que trabajó desde 1.985 junto al primer Inspector General de patrimonio del Gobierno de Canarias, Antonio Tejera Gaspar, «no se pueden establecer jerarquías simplistas» en la distinción de lo que es o no un BIC. Tampoco de distinguir entre BIC «de primera o segunda», alegando que la ley contempla ya esta como única figura para su protección. «Desde que ha habido legislación de patrimonio en Canarias ha habido cierto interés de algunas administraciones, del propio Gobierno de Canarias y de algunos cabildos, en desarrollar políticas de incoaciones, pero eso obliga a las administraciones a continuar con los expedientes y abrirlos a información pública», subraya Navarro.

Subraya una distinción entre la protección del patrimonio tangible e intangible. Por ejemplo, las garantías de protección jurídica directa que se circunscriben a mantener el monumento de la Iglesia de Santa Ana en Garachico, distan de cómo se preserva colectivamente una tradición como Los Carneros de Tigadaya, el Carnaval de El Hierro.

En contraste, los bienes inmuebles, conjuntos históricos, patrimonio arqueológico o monumentos declarados, están sujetos a una responsabilidad pública real que implica costos y esfuerzos que «no se están asumiendo con la debida diligencia». «Está claro que la responsabilidad máxima en el registro de los bienes es del Gobierno de Canarias y que muchos cabildos tienen interés en proponer incoaciones, pero muchas veces no hay una relación permanente para hacer prosperar los expedientes», reseña.

Aunque por el momento no existe acceso al borrador del decreto, cada cabildo se reunirá con el Gobierno autonómico y sus técnicos especialistas, en una Comisión Interadministrativa de Bienes de Interés Cultural (CIBIC). «Esta comisión permitirá establecer una planificación de los expedientes a incoar, definir los contenidos mínimos de las memorias justificativas e informes técnicos que los acompañen, y también acordar mecanismos de revisión y seguimiento, con el fin de evitar duplicidades, incoaciones fallidas o procedimientos caducados», subrayan desde el Ejecutivo.

Clavijo explica que mediante esta serie de modificaciones que afectan a más de medio centenar de artículos de la ley, no se trata de desproteger a los BIC existentes, sino de «convertirlos en lo que realmente se pretende, que sea una figura excepcional». Y para ello, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural proponen crear una categoría intermedia, los Bienes de Relevancia Patrimonial Insular (BIRP) que permiten «resaltar la importancia de ciertos bienes a escala insular sin renunciar a su protección».

El equipo confía en cerrar el consenso antes de que finalice el año y así clarificar las competencias, simplificar trámites y blindar la salvaguarda de lo «verdaderamente excepcional». Pero, ¿cómo se establecen las características para decidir qué merece seguir gozando de ese estatus y qué pierde su amparo? «Con esta información no se puede deducir gran cosa, ya que la teoría del valor hace referencia a muchos conceptos. Por ejemplo, de un patrimonio arqueológico, etnográfico, antropológico, artístico, industrial, por ejemplo. Incluso más recientemente, todos estos temas se asocia con los lugares de memoria», argumenta Navarro bajo la propuesta de seguir el mismo modelo objetivable de Francia.

«No se pueden establecer jerarquías simplistas entre BIC de primera y segunda», advierte la catedrática María Isabel Navarro

Uno de los problemas más graves que resalta la experta es la insuficiencia y precariedad en el acceso público a la información sobre los bienes culturales reconocidos en Canarias. Aunque en su momento existió una base de datos pública conocida como Lava, esta herramienta ha resultado incompleta y poco funcional. La transparencia y la difusión de datos son fundamentales para que la ciudadanía conozca y valore el patrimonio que posee en su entorno, lo que a su vez es el principal escudo de protección para estos bienes.

Otro hecho objetivo es que, de los 456 BIC declarados, más del 50% corresponde a Tenerife, al tiempo que muchos de estos bienes carecen de planes de conservación, uso o financiación. «Esta especie de acusación de que hay demasiado declarado en Tenerife, no creo que sea porque hay demasiado declarado», y agrega Navarro «responde, por una parte, a la existencia del patrimonio de la isla, y, por otra parte, a que ha habido una comisión de patrimonio dependiente del ministerio a partir de los años 60».

Más que un mapa coherente, el patrimonio declarado en Canarias se asemeja a un laberinto con realidades alejada entre cada islas. La Palma, con su pasado navegante y comercial, apenas alcanza los 30 BIC; La Gomera, solo seis. El reto es salir de este enredo, trazar una hoja de ruta clara y hacer que cada territorio pueda hallar su lugar en este puzle patrimonial.

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