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Un largo camino de medio siglo hacia la igualdad en España

Tras la conquista feminista de 1975, las mujeres españolas tardarían casi treinta años para ser reconocidas como víctimas de la violencia estructural que ejercían los hombres contra ellas

Ilustración sobre feminismo.

Ilustración sobre feminismo. / Adae Santana

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

El 2 de mayo de 1975 supuso un hito para los derechos de las mujeres españolas. Con Franco aún vivo, la reforma de algunos artículos del Código Civil Español y del Código del Comercio permitieron acabar con la relación de subordinación de la mujer frente al hombre. Por primera vez, la mujer se liberó del yugo patriarcal y de su marido y pudo, por primera vez, decidir sobre sus bienes y adquisiciones. Pero aún quedaba un largo camino hacia la igualdad, un camino por el que todavía transitamos sin que hayamos llegado a su final.

Seis meses después del punto de inflexión del 2 de mayo para la mujer, España iniciaría el camino de la transición a la democracia. Sin embargo, la mujer tardaría aún seis años más en poder divorciarse sin trabas y luchar por la custodia de sus hijos (ambas en 1981), otros diez para decidir sobre su maternidad (1985) y casi treinta para ser reconocidas como víctimas de la violencia estructural que ejercían los hombres contra ellas (2004). 

La Ley de 1975 fue un revulsivo para los derechos de la mujer que se consolidaron, posteriormente, gracias a la Constitución española de 1978. «En su artículo 14 propugna la igualdad y la no discriminación en la práctica, encontrándose entre ellas, la discriminación por razón de sexo», sentencia Aranzazú Calzadilla, profesora en Derecho Civil y Coordinadora Académica del Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de La Laguna (ULL). «Por primera vez, hombres y mujeres eran iguales ante la ley», explica la abogada tinerfeña Eloísa Merino

Divorcio

Para la abogada otro gran cambio de paradigma llegó con la legalización del divorcio. Hasta entonces, las mujeres tenían un derecho muy limitado a la separación, que solo se concedía para casos muy graves (como malos tratos, adulterio o abandono) -privándola así del derecho de volver a casarse (ya que en teoría seguía casada)- o bien sufragando un costoso proceso en la Iglesia para que considerara la unión como nula con efectos retroactivos. Esto provocaba que muchas abandonaran el hogar incluso sabiendo que eso las haría culpables de la ruptura y, por tanto, les costaría la custodia de sus hijos. 

La nueva ley establecía causas del divorcio, aunque sí se podía tramitar tras un año de separación. «Aún se consideraba que había poca madurez en la sociedad para decidir divorciarse, así que imponía ese año de separación», revela Merino. Este requisito se consiguió eliminar en 2005. 

Ilustración sobre el movimiento feminista.

Ilustración sobre el movimiento feminista. / Adae Santana

Aborto

Con la legalización del aborto en 1985 se logró dar voz a la mujer sobre su maternidad, mientras que en 1989, un nuevo cambio en el Código Civil tipificaba como delitos el acoso sexual y la violación dentro del matrimonio. Con el nuevo siglo, los avances de la mujer han ido a buscar una nueva configuración social, ahondando aún más en la brecha de género estructural y sus consecuencias y a proteger a la mujer de la impunidad que, durante años, se le ha concedido a los hombres para tratarlas como propias.

El primero de esos pasos decisivos hacia la igualdad ocurrió en 2003, con la normativa que obligó a que todos los proyectos de ley y disposiciones normativas del Gobierno contaran con una valoración de impacto de género. Tan solo un año más tarde se reconocía que en España existe una violencia estructural ejercida por los hombres hacia las mujeres, lo que pondría el foco, por primera vez, en las consecuencias que había tenido la supremacía masculina inculcada por el patriarcado. 

Ley de Igualdad

Pero si hay otra normativa que cambió las reglas del juego fue la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Esta ley se promulgó en aras de solventar un problema: no había forma de lograr la igualdad real. De hecho, si la entendemos como «el igual posicionamiento de la mujer y el hombre en la sociedad, a todos los niveles y en todos los ámbitos», para Calzadilla «aún no se ha conseguido en la práctica como tal».

Si las normas y la interpretación que se hace de ellas no tienen en cuenta la perspectiva de género "su aplicación puede propiciar situaciones de desigualdad"

Esta norma venía a visibilizar «multitud de situaciones a las que había que atender». En este sentido, como explica Calzadilla, si algo defiende esta ley es que cualquier «normativa ha de integrar, siempre que sea posible, un enfoque preventivo». Es decir, no basta con abanderar la igualdad, sino que a la hora de regular ciertas situaciones, quien elabora las normas debe tener en cuenta el enfoque social para lograr el resultado adecuado. 

«La regla general es que las normas se presenten de manera igualitaria para ambos géneros, pero, ¿qué sucede si en la práctica una u otra situación se da mayoritariamente en hombres y otras diferentes en mujeres?», reflexiona Calzadilla, que insiste en que si las normas y la interpretación que se hace de ellas no tienen en cuenta la perspectiva de género, «su aplicación puede propiciar situaciones de desigualdad». 

Ilustración sobre feminismo.

Ilustración sobre feminismo. / Adae Santana

Se hace camino al andar

La aplicación de la ley de 2007 mostró que, pese a los esfuerzos normativos, las décadas de desigualdad aún lastran la capacidad de la sociedad para romper viejos roles de género. Ejemplo de ello es la responsabilidad de los cuidados, que es a día de hoy uno de los mayores hándicaps para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. «Está claro que las mujeres nos hemos incorporado al espacio público y ellos al privado, pero aún no en un grado realmente paritario», diserta Calzadilla. 

En este sentido, la investigadora de la ULL considera que los próximos avances normativos deben estar más vinculados al ámbito privado pues «es donde hay más situaciones de desigualdad que corregir». Pero admite que hacerlo no es fácil. «Difícilmente habrá normas que puedan solucionarlo», sentencia. Por ello, la experta aboga por la educación, tanto de los peques como de los mayores y también, en este caso, de los juristas. «Cada vez somos más formados en igualdad y entrenados para analizar las situaciones con este enfoque», resalta. 

Se cumplen cincuenta años de un avance que cambió el devenir de las mujeres en la sociedad española. Queda en manos de la sociedad española que la igualdad total se logre antes de que este hito cumpla un siglo. 

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