¿Parques Nacionales o fincas insulares?

“Dios ha cuidado de estos árboles, los ha salvado de la sequía, las enfermedades, las avalanchas y miles de tempestades e inundaciones. Pero no puede librarlos de los necios” - John Muir.

Esta lapidaria frase pronunciada por uno de los padres de los parques nacionales y de la conservación de la naturaleza, ilustra la lucha que desde la llegada de la revolución industrial y del sistema económico capitalista, se libra entre los partidarios de preservar el patrimonio natural y los que siendo conscientes de que viven en un planeta con recursos ilimitados, actúan como si esos límites no existieran, poniendo en riesgo la misma existencia de bienes cuya desaparición pone en peligro la propia existencia del ser humano; es decir de sí mismos y de sus descendientes.

En Canarias, la implantación de una agricultura intensiva de exportación y posteriormente de un turismo cuyos tímidos inicios por parte de viajeros victorianos y turistas que venían a Canarias buscando curar sus dolencias, dieron paso a un monstruo incontrolable llamado turismo de masas, depredador de suelo, destructor de naturaleza, productor de una enorme cantidad de residuos y de aguas negras que contaminan acuíferos y costas, fabricante de pobreza y exclusión social…

Los Parques Nacionales no son ámbitos ajenos a las circunstancias de los entornos donde se encuentran. No se puede esperar que estén gestionados y sus valores naturales conservados con todas las garantías y los medios necesarios, si están insertos en lugares superpoblados, que sufren masificación turística y que son gobernados por partidos políticos que consideran que proteger el medio ambiente no es una prioridad porque no da votos, sino que los resta.

O cambiamos el modelo productivo o por mucho que mejore radicalmente la gestión de los Parques Nacionales, los problemas que los afectan y las amenazas a los que están sometidos, no desaparecerán.

En ese marco, los espacios naturales protegidos en general y los parques nacionales en particular, salvo honrosas excepciones se limitan a existir o a malvivir, porque o bien carecen de gestión efectiva o los medios que nuestros gobernantes les destinan, imposibilitan esta importante y difícil tarea. Esto acarrea una inexorable y acelerada pérdida de patrimonio natural (biodiversidad y patrimonio geológico) que repercute en una pérdida de la calidad de vida y de la identidad de los habitantes de estas Islas.

Lo que resulta paradójico y hasta cínico es que luego son mencionados una y otra vez en los discursos de los cargos públicos o en sus notas de prensa, llamándolos entre otras cosas «nuestras joyas de la corona de la naturaleza». Las joyas de la corona de los estados suelen estar custodiadas y cuidadas para evitar su deterioro y robo. Por el contrario, algunos de los parques nacionales de Canarias, son verdaderos parques de atracciones, donde todo es posible y todo vale, a cualquier hora del día o de la noche.

Creo que a esta situación han contribuido diferentes factores. El primero de ellos fue la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 que otorgó la gestión de los PPNN a las Comunidades Autónomas. En el estado donde se creó esta figura, Estados Unidos de América, nunca ha estado en cuestión que su gestión corresponda al Gobierno Central. De esta forma, en 1916 una ley del Congreso creó el servicio de Parques Nacionales dentro del departamento de Interior y se le atribuyó esa tarea además de la de gestionar monumentos nacionales y otros lugares naturales, históricos y recreativos. En la mayor parte de los estados del mundo se sigue este modelo, ya que resulta incomprensible que resultando espacios que presentan un patrimonio valioso para toda una nación, sean gestionados por una administración con competencias en un ámbito territorial inferior.

El segundo clavo en el ataúd de los Parques Nacionales de Canarias, lo pone en 2009 la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de la administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales ubicados dentro de su ámbito territorial.

El tercero, fue en 2011 con la creación mediante Decreto, de la Red Canaria de Parques Nacionales que posibilitó que los Cabildos pudieran solicitar al Gobierno de Canarias, la delegación de la gestión de los Parques.

El cuarto ocurrió en junio de 2015 con la delegación de funciones en materia de gestión del Parque Nacional del Teide, al Cabildo de Tenerife. De esta manera una administración local (los Cabildos que comparten esta condición con los Ayuntamientos) comenzó a gestionar un Parque Nacional, algo sin precedentes en todo el mundo.

Cada una de estas tachas, como llamamos a los clavos en Canarias, han significado una merma significativa en la calidad de la gestión de estos importantes espacios naturales protegidos y algunos de ellos se han convertido en fuente de noticias continuas pero no por la consecución de logros en su gestión ambiental, sino por el reguero creciente de infracciones administrativas que en su mayor parte quedan impunes. De esta forma, se ha puesto en riesgo la riqueza natural que dio lugar a su declaración.

En materia de protección de la naturaleza es peligroso y hasta letal para la integridad de los bienes a proteger, que la Administración Pública encargada de hacerlo esté demasiado cerca del administrado. Resulta fácil de entender que es más complicado que un ente público que se encuentra en Madrid es menos proclive a dejarse presionar o condicionar a la hora de tomar una decisión impopular y en esta materia suelen serlo, que uno que está en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Además la política que se practica en este Archipiélago se puede calificar de populista por lo que el precio a pagar por un partido político y sus respectivos cargos públicos que prioricen la preservación del medio ambiente por encima de intereses económicos particulares, es demasiado alto.

Hay que reconocer que el Gobierno de España, ideó un sistema de contrapesos para limitar las posibles arbitrariedades. Amparándose en que el estado puede establecer un mínimo común en materia de medio ambiente, que todas las Comunidades Autónomas deben cumplir, aprobó un Plan Director de Parques Nacionales y creó una Red de Parques Nacionales estatal.

Así mismo, promulgó en 2014 una Ley de Parques Nacionales que establece que la declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes . Es decir, la conservación de la naturaleza es lo primero y todos los demás intereses o usos que concurran en un Parque Nacional deben adecuarse a esta consideración.

Este sistema de contrapesos se ha demostrado inoperante en el caso de algunos Parques Nacionales de Canarias y vamos a poner varios ejemplos. En fechas recientes y para autorizar la «Blue Trail», el Cabildo de Tenerife, ha negado que el Plan Director de Parques Nacionales sea aplicable al Parque Nacional del Teide, porque si se aplicara, no sería posible la celebración de dicha prueba deportiva. Es inconcebible que una Administración Local decida no cumplir una norma estatal de obligado cumplimiento y causa sonrojo la falta de respuesta del Gobierno Central, lo que demuestra la escasa o nula importancia que nuestros gestores de lo público otorgan al medio ambiente.

También se puede apreciar que Madrid queda muy lejos de Canarias en la gestión diaria del Parque Nacional del Teide y en cierta medida de Timanfaya. En ambos prima el aprovechamiento económico, ya que o bien el Cabildo promueve un modelo de visita que se adecúa al modelo turístico impuesto por los turoperadores que la concentran en una franja horaria determinada con lo que masifican el Parque, como es el segundo caso, o su presidenta es a la vez presidenta del consejo de administración de una empresa pública que actúa como si fuera la verdadera gestora del Parque Nacional y que realiza varias actividades económicas en el mismo, como es en el caso del Teide; en el que se además se toleran numerosas actividades empresariales que carecen de autorización y que están arruinando la posibilidad de disfrutar del Teide como establece la normativa vigente.

Para continuar con este análisis, hay que recordar que para proteger el Parque Nacional del Teide, que es el más visitado de la Unión Europea y uno de los que más visitas recibe del mundo (más de cuatro millones anuales), solo hay cinco agentes de medio ambiente y sus funciones terminan a las 18.00 horas de la tarde, quedando desprotegido a partir de esa hora. En algunos fines de semana no hay ningún agente operativo. En Timanfaya solo presta servicio un agente de medio ambiente y tres en Garajonay.

No hay campañas institucionales sistemáticas para promover conductas cívicas, conocimiento y cuidado del patrimonio natural

Por último y no menos importante, los Parques Nacionales tienen programas de educación ambiental destinados únicamente a la población escolar pero existe un gran desconocimiento de la población adulta de Canarias sobre qué es un Parque Nacional, qué valores protege y que importantes servicios nos presta. No hay campañas institucionales sistemáticas para promover conductas cívicas, el conocimiento y el cuidado del patrimonio natural que atesoran y de esta forma es muy difícil generar una actitud positiva y adecuada hacia ellos en la población local y en los visitantes.

El propio Cabildo de Tenerife, en sus alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, se dedicó más a defender los intereses particulares de determinadas asociaciones o colectivos que a defender los valores naturales de los Parques. Queda abordar la inoperancia de los Patronatos que más que órganos que velan para el cumplimiento de las normativas vigentes, se han convertido en entes para certificar la explotación económica de los Parques y justificar proyectos que no tienen justificación.

También queda abordar la figura del director/a-conservador/a (hasta ahora ninguna mujer ha ocupado ese cargo en Canarias) que como cargo de confianza está sometido a presiones por parte de los políticos que los designan. De la propuesta de Parque Nacional en El Hierro hablaremos también en un segundo análisis aunque resulta difícil aceptar que se declaren nuevas áreas protegidas si no está garantizada la conservación del patrimonio natural de las existentes.

Permítanme que termine donde empecé, con John Muir. Este genio escocés-estadounidense sirvió de guía al presidente de los Estados Unidos de América, Theodore Rooselvet en su visita a Yosemite en 1903. Acamparon tres noches entre secuoyas, se despertaron cubiertos por una fina capa de nieve y se fotografiaron en lugares emblemáticos de gran valor natural y paisajístico. En 1906 Rooselvet firmó una ley federal para que el Valle de Yosemite y Mariposa Grove pasen a formar parte del Parque Nacional de Yosemite y en 1908 declaró el «Muir Woods National Monument», un bosque de secuoyas al norte de San Francisco, en honor a quien le abrió los ojos sobre la necesidad de preservar el entorno natural.

No veo al presidente Clavijo, ni a la presidenta Rosa Dávila, ni tampoco al alcalde de Adeje, accediendo a pernoctar 3 noches en un saco de dormir en la zona del Puertito de Adeje, lo que les serviría para entender lo estamos perdiendo por su desprecio del patrimonio natural del Municipio, la Isla y la Comunidad Autónoma.

Tampoco que los dos primeros pasen varios días en el Parque Nacional del Teide para que comprendan lo que su concepción del mismo, como exclusivo objeto de aprovechamiento económico está provocando.

Aquí no tenemos estadistas a la altura de Teddy Rooselvet.

Pero quiero advertirles que hace años que está sonando un réquiem por los Parques Nacionales canarios y sobre todo por el del Teide. Les pido que lo escuchen porque el día en que se descatalogue y se le prive de las distinciones internacionales que le han otorgado Consejo Europeo y UNESCO, está cada vez más cerca. De ustedes depende revertir este proceso.

Jaime Coello Bravo es Máster en Política y Gestión Ambiental. Universidad Carlos III de Madrid. Director de la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello.

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