El reto de la ‘descarburocratización ‘

Descarbonizar la economía canaria en 2040, diez años antes que en el resto de Europa. Este objetivo político, que no técnico ni económico, convertido en eslogan y repetido hasta la saciedad, es de imposible cumplimiento. El cálculo es bien sencillo, de aritmética básica, no hace falta ser ingeniero.

Cuatro números clave para Canarias, todos ellos extraídos del Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN), un trabajo colosal elaborado por el Instituto Tecnológico de Canarias por encomienda del Gobierno de Canarias y aún en fase de aprobación: 11.208 Megavatios, 941 millones de metros cuadrados, 39.170 millones de euros y 6.454 días. El primero es el número de Megavatios (MW) de potencia eléctrica de origen renovable, adicionales a los 1.000 MW actuales, que debemos tener en funcionamiento para esa fecha y lograr las CERO emisiones. Dicha potencia incluye todas las fuentes renovables a nuestra disposición (fotovoltaica, eólica terrestre y eólica marina, entre otras).

El segundo número es la superficie del territorio, terrestre y marítimo, que debemos ocupar y/o afectar para la implantación de esta potencia de generación renovable.

El tercer número es el importe de la inversión necesaria, a financiar en un 80% por el sector privado, para la ejecución del Plan. El cuarto, es el de días que restan desde hoy, 30 de abril de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2040.

Si dividimos los tres primeros números por el último, obtendremos los siguientes ratios: 1,73 MW/día, 145.801 m2/día, 6.069.104,43 €/día.

El primer ratio equivale a disponer de una planta fotovoltaica de 4.235 paneles de 400 Wp cada uno, proyectada, autorizada, construida y puesta en servicio cada día. El segundo equivale a ocupar y/o afectar a una superficie territorial, terrestre o marítima, equivalente a 16 campos de fútbol de 91x101 metros cuadrados, también cada día, y el tercer ratio equivale a gastar el presupuesto anual del Ayuntamiento de Telde (94.184.130,31 €) en quince días.

Un reto de esta naturaleza, el mayor al que se ha enfrentado la Comunidad Autónoma de Canarias en toda su historia, queda fuera de nuestro alcance, entre otras muchas cuestiones, por una simple y sencilla razón: la burocracia.

El diagnóstico es claro: la parálisis de la Administración Pública canaria, ahogada y asfixiada por la burocracia que ella misma genera, es consecuencia de la concurrencia de dos factores.

Por un lado, la inacción política por el desconocimiento del marco regulatorio de aplicación (sectorial, ambiental, urbanístico y de ordenación del territorio), actualmente impermeable a la transición energética, de la que derivan la incapacidad para identificar las barreras y obstáculos que ralentizan, dificultan o impiden el despliegue de las energías renovables, la falta de iniciativa para impulsar el cambio normativo necesario y la falta de liderazgo para organizar sus propios departamentos de forma eficaz, tanto a nivel de recursos humanos como materiales. Por otro lado, el cuerpo de funcionarios, escasos en número, poco motivados, sin dirección ni supervisión política en general, que en muchas ocasiones realizan sus particulares interpretaciones, siempre restrictivas, de la normativa en vigor.

«Quien contamina paga». Este principio, consagrado por la Unión Europea y que rige las políticas ambientales comunitarias, debe empezar a aplicarse a la desfasada y anquilosada Administración Pública canaria por cuanto la burocracia, actividad propia y exclusiva de la Administración, es una actividad contaminante responsable de la emisión de CO2 a la atmósfera en cantidades que aún están por cuantificar y por la que no se exigen responsabilidades ni a autoridades ni a empleados públicos (de momento).

La burocracia contamina porque cada día de retraso en el otorgamiento de una autorización de un parque eólico o de una instalación fotovoltaica, en la obtención de una licencia o en la evacuación de un informe sectorial preceptivo, conlleva que no se haya podido impedir la emisión del volumen de CO2 o gases de efecto invernadero que aquellas instalaciones de generación de energía renovable habrían evitado, lo que se traduce en un día perdido, en un coste de oportunidad; en definitiva, en otro fracaso añadido en la lucha contra el Cambio Climático.

Por tanto, atender la emergencia climática precisa iniciar, sin más demora, la descarburocratización de la economía. Es decir, la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera (descarbonizar) mediante la simplificación administrativa (desburocratizar).

Un finísimo hilo de esperanza se abre con la entrada en vigor, el pasado 31 de marzo de 2023, de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, la cual establece, entre otras medidas descarburocratizadoras, el mandato recogido en su disposición final cuarta, el cual obliga a las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, a «establecer las normas adecuadas para simplificar y agilizar la ejecución de los proyectos de energías renovables y su conexión a las redes energéticas».

Igualmente, resulta esperanzadora la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el pasado 19 de abril de 2023, de nueve (9) Decretos de la Consejería de Transición Ecológica por los que se autoriza la ejecución de otros tantos parques fotovoltaicos que, en conjunto, suponen la reducción de emisiones a la atmósfera de 40.504 toneladas anuales de CO2, todo ello en base al artículo 6.bis de la Ley 11/1997, de 02 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario (otra herramienta descarburocratizadora) y en los que se obliga, además, a los Ayuntamientos y Cabildo afectados, que informaron negativamente la implantación de estas instalaciones, a la modificación de sus respectivos planeamientos para acomodarlas.

Sin embargo, todo esto no es suficiente. Tras las elecciones del 28 de mayo cabrá hacerse las siguientes preguntas: ¿Contaremos en la Administración Pública canaria con el liderazgo político capaz de impulsar el cambio normativo necesario en tiempo y forma para la aprobación definitiva y ejecución de las determinaciones de obligado cumplimiento del PTECAN? ¿Los responsables políticos con competencias en la materia serán capaces de organizar sus departamentos a nivel de recursos humanos y materiales para lograr más eficacia y eficiencia administrativa? ¿Lograrán los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias adaptar su desfasados planeamientos a los nuevos requerimientos impuestos por el PTCAN para posibilitar la transición energética? ¿Serán sancionadas o, al menos, señaladas las Administraciones Públicas canarias que incumplan los mandatos impuestos por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética? En resumen, ¿Seremos capaces de afrontar el reto de la descarburocratización?

Carlos Manuel Medina Álvarez es ingeniero industrial decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO)

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