Especializado en sistemas de observación geográfica y teledetección, el doctor en Geografía, Lorenzo Quesada, realizó su tesis sobre Localización y modelización de los vertederos ilegales en Canarias, que determinó una mayor generación de vertederos ilegales y de vertidos en época de bonanza económica y de boom inmobiliario. «Nuestros hábitos de vida y actividades económicas se ven claramente reflejadas en el paisaje».
¿Cuáles son las principales deficiencias o problemas que existen con los vertederos en la actualidad?
El principal problema de los vertederos en la actualidad, en el caso concreto de los legales, sería nuestra forma de consumir, de seguir produciendo un aumento significativo de basura por persona, y que se constata en el aumento progresivo que tienen la totalidad de los vertederos legales en Canarias. No es casualidad que el del Salto del Negro se colmatara y se construyera un nuevo complejo ambiental como el de Juan Grande. Si nuestros ritmos de consumo siguen en aumento y con ello la presión que seguimos ejerciendo sobre el territorio, deberemos buscar nuevos lugares para depositar esa basura que no puede ser tratada. Porque al final, los vertederos legales gestionan los residuos no tratándolos, simplemente guardándolo y manteniéndolo en un lugar seguro, de forma que no genere el nivel de toxicidad altos en las zonas circundantes donde se depositan esos residuos o en el subsuelo.
¿Son las incineradoras la solución a este crecimiento en la presión que ejerce el aumento de desechos sobre el territorio?
Las incineradoras no pueden ser una solución, ya que producen una emisión importante de gases nocivos a la atmósfera, lo cual es incoherente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La solución está en reducir, reciclar y reutilizar, las famosas tres «r». Si reducimos nuestra necesidad de consumo produciremos menos basura, si la reciclamos estaremos transformando los residuos en un bien de valores, y si la reutilizamos estamos favoreciendo el aumento de la vida útil de ese bien.
«El principal problema es que la definición legal de vertedero ilegal no existe, y por lo tanto, no se puede perseguir»
¿Existe capacidad para asumir los objetivos de reducir y reciclar los residuos?
En cuanto a reducir, debe de haber un esfuerzo notable, tanto por parte de la sociedad civil como de las instituciones públicas de llevar a cabo planes de austeridad bien entendida, es decir, conservar recursos que todavía tengan una vida útil, no cambiarlos cuando aún son funcionales. En cuanto al reciclaje, está demostrado que nuestro sistema de reciclado no es ni eficiente ni productivo, porque no conseguimos alcanzar unas cotas altas, principalmente porque no efectuamos la recogida puerta por puerta, como tienen muchos países anglosajones, y también, porque todavía no hemos desarrollado un proceso de concienciación ciudadana que nos lleve al reciclado total.
Europa multó hace unos años a España por la incapacidad para impedir que proliferen los vertederos ilegales. En aquella denuncia se habían contabilizados unos 24 en Canarias. ¿Qué se ha hecho en este sentido para acabar con el problema?
Estas sanciones recogen las denuncias efectuadas por la población civil a asociaciones ecologistas, en su mayoría. Y realmente estas denuncias, en si mismas, no reflejan el estado real de la cuestión de los vertederos ilegales en Canarias porque, en estos momentos, solamente es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias la que recoge las infracciones por vertidos, pero éstas nunca hacen alusión directa al tema de los vertederos ilegales.
¿Por qué?
Porque no existe una definición legal de lo que es un vertedero ilegal, y por lo tanto no se puede tener constancia de aquello que no registramos. Lo que si se registran son los vertidos sólidos, cuando depositamos un determinado residuo ya sea de construcción o demolición, plásticos, neumáticos..., pero no el vertedero que, a diferencia de un vertido que puede ser ocasional, podría definirse como un espacio donde el depósito de residuos es recurrente, y donde hay una acumulación de residuos por un tiempo superior a dos años en superficies mayores de 2.000 metros cuadrados, sin ningún tipo de gestión de los mismos. Al final, ese residuo es permanente, no se está gestionando y, además, ocupa una porción importante de superficie, y la administración pública, hasta el momento, no utiliza ni recoge esta definición y, por lo tanto, tampoco la puede perseguir.
«Nuestro sistema de reciclado no es eficiente ni productivo, al no efectuarse la recogida puerta por puerta como tienen muchos países anglosajones»
¿Es sólo un vacío legal o a ello se le suma la falta de medios para la vigilancia y control?
La Apmun recoge las infracciones y denuncias ya sea de particulares, del Seprona o de la policía municipal que tenga labores de vigilancia medioambiental, pero no termina de ser suficiente. Por ejemplo, ¿cómo es posible vigilar toda esa cantidad de vertidos o vertederos ilegales en la zona oeste y suroeste de Gran Canaria cuando existen únicamente dos agentes del Seprona para esos municipios?. Tampoco tenemos agentes especializados del territorio para la vigilancia medioambiental a través de la ortofotografía aérea. Tenemos la ortofotografía para hacer un seguimiento de las infracciones urbanísticas pero no para las medioambientales.
¿Qué conclusiones destacaría de su tesis sobre los vertederos ilegales en Canarias?
Que hay una mayor generación de vertederos ilegales y de vertidos en época de bonanza económica y, sobre todo, circunscrita al desarrollo del crecimiento inmobiliario. Durante el estudio pude detectar como, en dos zonas piloto en el noroeste y suroeste de Gran Canaria, en las épocas del boom inmobiliario, aumentaron el número de vertederos ilegales. Aparte de que se generó una gran cantidad de residuos, de escombros, que se acumularon en terrenos abandonados, sobre todo agrícolas, también muchas de estas construcciones estuvieron abandonadas y, sobre ellas, se dejaron residuos, principalmente de construcción y de demolición. Otra de las conclusiones principales es que, de todas las tipologías que existen de residuos, la más predominante sobre el territorio es la de construcción y demolición, es decir, los escombros. Además, pudimos comprobar que existe una alta relación entre los cambios de usos del suelo y, en concreto, de los procesos de crecimiento urbanísticos, con la proliferación de vertederos ilegales, con lo cual se ve claramente el efecto de las actividades económicas sobre las dinámicas del paisaje. Esto también lo podemos ver en los procesos de abandono agrícola, sobre todo en el sureste de Gran Canaria, en la zona de tomateras, zonas de abandono que generan una gran cantidad de plásticos que, al final, no han tenido gestión ninguna, y han acabado en grandes depósitos acumulados de residuos plásticos que en su efecto son vertederos ilegales. Otra cuestión importante es que no existe una base estadística ni un seguimiento consistente de la problemática por parte de la administración pública, y que esto debería tomar una atención más importante. Existen muy pocos proyectos de educación ambiental centrados exclusivamente sobre los vertederos o vertidos ilegales, y eso se nota, la cartelería no es suficiente.
¿Considera que las normativas o lo reglamentos existentes han quedado obsoletos respecto a los nuevos residuos, como los tecnológicos -ordenadores, móviles, tabletas...-?
Partimos de que los ordenadores y demás son residuos tecnológicos, pero siempre ha sido un residuo tecnológico una nevera, o una lavadora, y esto lo consideramos dentro de los residuos urbanos, que son la siguiente categoría más predominantes después de los escombros. Normalmente los encontramos en vertederos ilegales, pero también como vertidos. Pero en este sentido, me gustaría insistir en que el vertedero ilegal es producto de nuestros hábitos de vida y de nuestras actividades económicas, que se ven claramente reflejadas en el paisaje.
Entonces, ¿es difícil acabar con los vertederos ilegales como pretende Europa?
Lo es, sobre todo, entendiendo que muchas veces también su teledetección y localización es bastante difícil. No podemos saber dónde están todos aquellos residuos que fueron sepultados.
«No existe una base estadística o el seguimiento de los vertederos por parte de la administración pública»
¿Cuáles son los retos que hay que empezar a asumir?
El principal reto sería reducir nuestra generación de residuos. Pero para nuestro bienestar colectivo y no exclusivamente para nuestra imagen turística, sería mejorar la calidad medioambiental y del paisaje del entorno que habitamos, a través de una reconversión total y recuperación de estos espacios que en la actualidad son vertederos ilegales. Para ello, sería interesante que se crearan planes regionales o insulares específicos para abordar esta problemática desde la incursión colectiva, a nivel parlamentario, o en los planes municipales de ayudas a propietarios para el vallado de sus tierras, sobre todo a propietarios de superficies menores de 10.000 metros cuadrados con acumulación importante de residuos, que no pueden gestionar por el alto coste que ello implica. Por ejemplo, una cuba de residuos sin separar está en torno a los 800 o 1.000 euros, y eso recoge en torno a una tonelada, y muchas personas no se lo pueden permitir. Pero esos residuos están afectando a nuestro pasaje y a nuestra calidad de vida, se pueden generar desde acumulación de roedores, malos olores..., y eso empeora nuestra habitabilidad, nuestras condiciones de salubridad y, por supuesto, nuestro paisaje de vida. También es cierto que las estrategias que están implantando actualmente los cabildos de mejorar la accesibilidad a los centros de tratamiento, especialmente a los puntos limpios con el aumento, por ejemplo, del número de bolsas de escombros, es un buen camino, al igual que el aumentar el parque de infraestructuras móviles para acercar la recogida de residuos, allá donde se están produciendo, para fomentar por parte de la población que no se siga tirando los residuos de manera indiscriminada. Por otro lado, creo que uno de los grandes retos que tiene la sociedad es mejorar los índices de pobreza, las condiciones laborales y económicas de los y las canarias porque eso nos puede llevar a un mejor cuidado del medioambiente y, por lo tanto, a una menor generación de infracciones medioambientales.
¿En qué se ha avanzado?
A nivel municipal tenemos ejemplos como los vertederos de Costa Botija y Cueva Lapa en Gáldar que se han transformado en un parque eólico, o más recientemente, el vertedero del Sobradillo, también en Gáldar, que se ha restaurado. Pero tanto en el caso de Gáldar, como en otros municipios afectados por vertederos ilegales, entre los que se incluye sobre todo los del sureste de Gran Canaria, necesitan de planes integrales de reconversión de estos espacios. Si hay algo clave, es la necesidad de que las administraciones públicas sigan impulsando planes específicos para esta cuestión, desde la acción directa con la limpieza y vallado de terrenos, como indirecta a través de campañas intensas de concienciación.
