La evolución de un planeta definido por los procesos de concentración urbana nos señala claramente una senda: la batalla por la conservación del equilibrio ecológico se dilucidará en las ciudades en general y en el mundo desarrollado en particular. Canarias, como parte del primer mundo y además destino turístico de primer orden, no es ni mucho menos ajena a esa ecuación. Esta evidencia nos obliga a tomarnos las políticas de movilidad sostenible como estrategias a largo plazo, pero que a su vez exigen respuestas de carácter inmediato. Porque a estas dos circunstancias citadas, la concentración urbana y las exigencias de una economía y una sociedad de vanguardia, el Archipiélago añade un factor añadido muy relevante: la propia escasez de nuestro territorio, que nos obliga a afrontar sin demoras el desafío de un uso eficiente de las infraestructuras y de los medios de transporte disponibles.
En el Gobierno de Canarias nos tomamos este asunto muy en serio, con acciones a corto plazo pero también con las luces largas exigibles a la magnitud del desafío. ¿Qué perseguimos? Que Canarias alcance el estatus de territorio de vanguardia en materia de eficacia en sus medios de transporte y huella de carbono compatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en la lucha contra el calentamiento global. Puede parecer la búsqueda de la cuadratura del círculo, pero ni mucho menos se trata de un desafío imposible. Lo he dicho en más de una ocasión: la excelencia, el afán por hacer de nuestra tierra un lugar de referencia, la modernización de Canarias como anhelo político, es la obligación innegociable del Gobierno de Canarias.
Por eso seguiremos aportando iniciativas en busca de un modelo de movilidad más sostenible, con una clara preponderancia del transporte público. Para ello, estamos desarrollando la Estrategia Canaria de Movilidad Sostenible 2019-2025, porque entendemos que cambiar los hábitos de nuestros desplazamientos hacia criterios de transporte más respetuosos con el medio ambiente es un logro que trasciende a una legislatura. Y que además nos implica a todos: a los partidos políticos, a las instituciones, a los agentes sociales y a la ciudadanía en general. Por cierto, es la población más joven, los canarios y canarias del siglo XXI, la más exigente y concienciada con la necesidad de cambiar el paradigma de la movilidad. Contamos con ellos y ellas como los activistas de nuestra estrategia, sus grandes embajadores.
Por otro lado, también hemos apostado firmemente por la movilidad sostenible con iniciativas concretas, como el Plan Canario de la Bicicleta, en la medida en que este medio de transporte individual, que vive una auténtica revolución en el ámbito urbano, ofrece innegables opciones de crecimiento en las Islas. En este ámbito específico, el Gobierno de Canarias continuará con la senda de los incentivos fiscales a la movilidad activa, como hemos hecho ya al aplicar el 0% de IGIC para la adquisición de bicicletas. El objetivo último de esta estrategia es incrementar su uso en los desplazamientos hasta el 4% en 2025, frente al 1% actual. Ya les digo, un escenario de oportunidades.
También durante el año pasado aprobamos las subvenciones para los ayuntamientos en la redacción de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Esto es relevante porque, en un escenario de competencias compartidas, se impone la colaboración mutua entre administraciones con responsabilidades en materia de transporte. De este modo, podemos afirmar que al Gobierno le corresponde liderar, pero ningún objetivo concreto será posible sin la implicación de las administraciones insulares y locales, sobre todo aquellas con mayor población y desafíos pendientes en la materia. Por fortuna, son numerosos los buenos ejemplos protagonizados por municipios de las Islas. Les insisto, la movilidad sostenible no conoce colores políticos.
Podrán decir que al hablar de movilidad sostenible aludimos al largo plazo, pero sin producir resultados a corto. Me atrevo a afirmar que no es cierto. Porque en materia de prácticas excelentes sobre el transporte también se hace camino al andar. Y un ejemplo veraz lo tenemos en los primeros resultados tras la implantación del Bono Residente Canario. Tres meses después de que arrancara la utilización progresiva de este instrumento, destinado a hacer más asequible el uso del transporte por guagua en las Islas, podemos hablar ya de cifras muy prometedoras: más de 25.000 solicitudes, otras tantas decisiones individuales que, con el apoyo financiero del sector público, caminan en la dirección adecuada, la de la eficiencia asociada a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Pero no nos conformamos con lo obtenido: nos queda aún mucho trabajo por hacer.
Pablo Rodríguez Valido es vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
