Canarias debe afrontar en los próximos años el reto de reducir la economía sumergida. En la Agenda Plan España 2050, se fija el objetivo de rebajarla a niveles similares al de los países más desarrollados de la Unión Europea. Del éxito de esta medida, dependerá que Canarias tenga la prosperidad y bienestar que todos deseamos.
En España según los últimos datos facilitados por Eurostat, este sector está en torno al 20% del PIB. Aproximadamente 200.000 mil millones de euros. Estas cifras quedan muy lejos del 10% de países como Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10), Francia o Reino Unido (en torno al 10%) o Alemania (con un 13%).
Además, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestra la disparidad que existe en nuestro país. No todas las comunidades presentan los mismos niveles. Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones que menos economía sumergida presentan. Castilla La Mancha, Canarias y Andalucía cuentan con unos niveles por encima del 25%.
Esta crisis sanitaria que ha traído el virus de la COVID-19 ha tenido consecuencias en la economía y en la sociedad, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. En el caso de los trabajadores que realizaban su actividad de forma irregular, en la llamada “Economía Sumergida”, las consecuencias han sido más nefastas, porque al no ejercer esta actividad con un contrato de trabajo o estando de alta en el Régimen de Autónomos, no han podido acogerse a los ERTE ni a ninguna otra ayuda pública creada para tal fin. Ésta es otra de las razones que demuestran que la Economía Sumergida es una importante lacra con graves consecuencias para los Estados dado que se reduce la recaudación tributaria poniendo en peligro los sistemas de protección social.
Es de vital importancia para la economía canaria luchar contra la economía sumergida ya que constituye un reto de obligado cumplimiento tanto para las Administraciones Públicas responsables como para toda la sociedad canaria en general, tal y como ha quedado recogido en los VI acuerdos de concertación social, para un mayor desarrollo económico y social, bajo el principio de corresponsabilidad de todas las partes implicadas, ya que la economía sumergida produce una distorsión de la competencia empresarial, incrementa el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas que cumplen y lastra la recaudación presupuestaria de las Administraciones Públicas que se refleja en una más deficitaria o insuficiente prestación de los servicios públicos esenciales.
Para esta lucha contra la economía sumergida la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, como organización empresarial más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito del Diálogo Social, y como agente corresponsable en el desarrollo y mejora de la cohesión social en Canarias dispone de una sección en su página Web destinada exclusivamente a la Economía Sumergida donde ofrecemos información necesaria para que la empresa pueda conocer y cumplir con sus obligaciones, también pone a disposición de los usuarios un canal de denuncia anónimo en el que se pueden realizar las delaciones de forma totalmente anónima y que año tras año se ha ido adaptando y mejorando.
