dibujar el futuro de los colegiados

dibujar el futuro de los colegiados / EL DÍA
Uno de los factores relevantes de la gestión de entidades públicas o privadas es el buen gobierno interno que permita los más eficientes resultados para la aportación de valor.
En el ámbito peculiar de las corporaciones públicas y específicamente las entidades de base privada con funciones públicas, que son los colegios profesionales y sus consejos generales y autonómicos, la gobernanza es factor determinante para la consecución de los fines públicos que les caracterizan.
El ejercicio de las profesiones tituladas previsto en la Constitución Española como un escenario de equilibrio necesario entre derechos y deberes presenta la peculiaridad del carácter corporativo público-privado de sus organizaciones colegiales. Por ello, su régimen jurídico y funcionamiento está condicionado por reglas eficaces para la gestión de los fines de interés general que conllevan estas instituciones. La modernización de este subsector de los servicios está incardinada en la adaptación de fórmulas de funcionamiento interno que de la manera más avanzada permitan volcar para el interés ciudadano todo su potencial y valor.
Enmarcados en el concepto de autorregulación, los códigos de buen gobierno se han venido desarrollando marcando reglas y comportamientos internos acordes con el rol de las corporaciones profesionales.
Un paso más constituye la unificación de los criterios básicos del buen gobierno y por ello, desde Unión Profesional, se ha elaborado y adoptado, como tal Guía, un trabajo que pretende ser un modelo de referencia para que las diferentes corporaciones profesionales en su correspondiente ámbito la apliquen, confeccionando y adoptando su propio código de buen gobierno, cuyo cumplimiento ha de resultar ineludible mediante la articulación de mecanismos normativos que lo hagan efectivo.
Desde hace años los Colegios han venido desarrollando normas sobre su gobernanza interna; ahora se da un paso más hacia su interiorización, unificación de criterios y exigibilidad de las normas que lo regulan. Ya no es el buen gobierno solo una recomendación que se adopta voluntariamente y se cumple como una buena práctica.
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