Hace ya más de una semana que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley, mediante el cual se regulan las condiciones laborales de los repartidores a domicilio de conocidas plataformas digitales. La denominada 'Ley de riders' pretende regularizar la situación laboral de estos profesionales, los cuales pasarán de falsos autónomos a trabajadores asalariados

Dicho decreto afecta, en concreto, a las relaciones laborales existentes entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de productos y sus trabajadores. La nueva norma reconoce, por tanto, la presunción de laboralidad de los profesionales que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan dichas tareas y establece así que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos

Reglas de contratación de ‘riders’

Se contempla, además, que la representación legal de los trabajadores ha de ser informada puntual y detalladamente de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas.

En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas, no sólo las plataformas de reparto, deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Críticas de los ‘riders’

Según los datos aportados por el ministerio, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros. No obstante, las críticas de parte del colectivo de los repartidores se suceden. Las asociaciones de ‘riders’ consideran que la norma destruirá puestos de trabajo, a lo que el ministerio de Trabajo responde que “los trabajadores no deben tener miedo a los cambios y las empresas tampoco deben temer los derechos laborales”, en palabras de la propia ministra Yolanda Díaz. Además, Díaz insiste en que “la mayor parte de las empresas hacen uso de plataformas, pero cumpliendo con los derechos laborales, por lo que, si las plataformas no cumplen, estarán incurriendo en competencia desleal”, concluye.