El candidato de Unidas se Puede a la Alcadía de La Laguna, Rubens Ascanio, asegura que su grupo promoverá una profunda reorganización de los tributos municipales para hacerlos "más sociales y justos". El candidato recuerda que la presión fiscal por habitante y año subió en La Laguna desde 509 euros a los 662 euros por habitante y año, por encima de la media de Canarias de 2015, que fue de 541 euros por habitante. "Lamentablemente esa presión no se refleja posteriormente en una mejora de la situación de las calles o de los servicios públicos que la población recibe, siendo además una presión que recae principalmente sobre las economías familiares más débiles", afirma.

Ascanio señala que, según el Servicio de Tributos lagunero, "solo en el periodo 2008-2016, se produjo un crecimiento del IBI Urbano de un 83,71%, una diferencia de más de 15 millones de euros, frente al cual no se han articulado medidas efectivas que faciliten a las familias el pago de este tributo o que limiten el efecto de la actualización de valores catastrales, como se hizo en otros municipios". Indica que esta medida ya fue planteada por buena parte de los grupos de la oposición en enero de 2017, cuando propusieron la reducción del tipo de gravamen aplicable al Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por los votos de CC, PSOE y PP.

La confluencia lagunera plantea también la necesidad de desarrollar los tributos no implementados este mandato, como los relativos a las empresas de energía o telecomunicaciones que ocupan espacio público. Rubens Ascanio indica que "la Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableció en 2004 que las compañías eléctricas, las empresas de gas, de agua e hidrocarburos debían pagar a los municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo, un 1,5% de su facturación en el término local, y que también están obligadas a pagar por atravesar los municipios aunque no les suministren de manera directa". Opinan además que habrá que estudiar el desarrollo de tributos a los bienes del Ministerio de Defensa y del Obispado.