La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé penas de seis meses a tres años de cárcel o multa de doce a veinticuatro meses para quienes perjudiquen el libre ejercicio de sus derechos a los votantes llamados a las urnas.
Esta previsión podría aplicarse en el caso de que grupos organizados en Cataluña, como los Comités de Defensa de la República (CDR) o plataformas como Tsunami Democratic lleven a cabo movilizaciones para perjudicar la jornada electoral del próximo domingo.
Expertos jurídicos advierten de que el delito electoral viene regulado en los artículos 146 y 147 de la LOREG, y se aplicaría a tres supuestos diferentes, uno de ellos previsto para quienes "impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral".
Este supuesto podría ser calificado de muy grave y conllevar las sanciones más altas que prevé la ley
La sanción, que iría desde una multa a penas de cárcel, dependiendo de la gravedad, también podría aplicarse a quienes "con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto". Un supuesto impedimiento de entrada en los colegios electorales podría ser calificado de muy grave y conllevar las sanciones más altas de las previstas en la ley.
Las protestas convocadas no tienen por qué afectar a la jornada electoral, pues lo que existe es el llamamiento para el sábado, el llamado día de reflexión, de una "jornada de desobediencia a la Junta Electoral" y a llenar las plazas de Cataluña. El problema llegaría en el caso de que estas protestas se extiendan al domingo y afecten a la actividad en los colegios electorales.
