La candidata del Partido Popular al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, mantuvo este miércoles un encuentro con los representantes de Cáritas para conocer el estado de sus funciones y evaluar las cifras de atención prestadas en lo que va de año.

Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, publicado a finales del pasado año, las islas se colocan en segundo lugar del ranking con un 40% de su población en riesgo de exclusión social, un dato que para la candidata popular requiere de una actuación inmediata por parte de las administraciones públicas.

"No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan al límite, estamos hablando de familias que acuden a la red social porque no pueden llegar a final de mes y esto requiere una actuación inmediata de la Administración pública", señaló.

Entre las medidas planteadas por el Partido Popular, Zurita apuntó a la creación de una Mesa de Diálogo con el Tercer Sector de Acción Social, cuyo objetivo debe ser establecer una hilo de comunicación fluido con los diversos colectivos que trabajan en este ámbito. En esta misma línea, se pondrá en marcha una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que prestará especial atención a los jóvenes y a los casos crónicos.

Dentro de este marco, por el que apuesta el Partido Popular y con carácter preventivo, se establecerán mecanismos de colaboración para la atención específica y el apoyo a niños escolarizados procedentes de familias en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Además, se apuesta por la puesta en marcha de medidas específicas de acompañamiento social que estarán dirigidas a personas en situación de exclusión con el fin de incentivar la adquisición de habilidades residenciales y de convivencia en el acceso a una vivienda normalizada.

Para Ana Zurita, este paquete de medidas de carácter social, que pretende impulsar el Partido Popular si gana los comicios del próximo 28 de abril, tiene como pilar fundamental una política activa de empleo dirigida especialmente a estos colectivos. Para ello, se propone una coordinación estatal entre los programas de Renta Mínima de las diferentes autonomías y los de prestación asistencial de protección complementaria al desempleo, de forma que simultáneamente se garantice la protección de este sector de la población.

Como reconocimiento al labor realizada por los diferentes colectivos sociales, desde el Partido Popular se apuesta por la aprobación del Reglamento de ejecución de la Ley de Voluntariado, así como la puesta en marcha de una nueva Estrategia Estatal del Voluntariado que planifique la acción del Gobierno para los próximos año