Belén es la madre de un chico discapacitado, Christopher (Santa Cruz de Tenerife, 1995), por el que asegura haber "luchado mucho durante años" con el objetivo de sacarlo adelante. Esta vecina de Ofra ganó en su día en los tribunales la custodia y patria potestad de quien está diagnosticado con una discapacidad intelectual y motórica del 89% -declarada desde julio de 2008 y ratificada posteriormente en 2014-. Hace unos días "me sorprendió recibir la carta en la que lo nombran vocal segundo de una mesa electoral. En 2015 intenté votar por él y no me dejaron. Pero es que ahora, cuando lo ampara la nueva ley e incluso lo nombran vocal después de que le hubiera dado de baja en la Junta Electoral, me piden un poder notarial. Me gustaría votar por mi hijo pero no voy a pagar por eso entre 50 y 90 euros. No es sólo por lo económico, sino porque han jugado con su derecho y con el mío".
Belén también muestra un documento por el que a nivel judicial logró la incapacitación total de su hijo. Recuerda que "en la segunda de las dos elecciones de 2015, la de diciembre, intenté votar en el colegio electoral del Instituto César Manrique, donde ahora lo han nombrado vocal segundo para el día 28, porque creo que nadie mejor que yo sabe cuál es la opción política a elegir para defender los derechos de mi hijo. Y su voto iría a quienes lo pueden defender en las instituciones públicas".
En aquella ocasión "no le permitieron votar aunque había recibido la tarjeta censal. Lo ratificó la Junta Electoral y pedí que lo quitaran del censo. De ahí mi sorpresa tras ver la carta certificada en el buzón de mi casa. Llegó unos días después de mi tarjeta censal y, de nuevo, de la suya. En ningún momento nadie me ha notificado que le hubieran dado de alta o si le dieron de baja en el año 2015".
La reacción de Belén fue "quedarme alucinada y echarme a reír porque me pregunto por qué antes no y ahora sí". La respuesta es que a partir del pasado diciembre (en otro lugar de esta misma página) una nueva ley permite el voto a unos 100.000 discapacitados en toda España. Pero con determinados requisitos que nuestra protagonista no está dispuesta a cumplir. Lo explica: "Lo primero es ir a un notario y pedir un poder. Aparte del coste económico, que no lo quiero poner por delante porque no es lo más importante, lo veo totalmente absurdo y, sobre todo, injusto".
Belén insiste: "Tiene derecho a votar y yo a votar por él. Me gustaría porque ya lo he intentado en otras ocasiones, pero cuando no es por una cosa es por otra". En contra de otras opiniones de padres de personas con discapacidad que se han conocido los últimos días en relación a la nueva normativa electoral Belén asegura: "No me siento para nada humillada por ejercer el derecho al voto de mi hijo".
Convocan a Christopher a estar a las ocho de la mañana del día 28 en el colegio electoral del CEIFP César Manrique y nuestra protagonista ya anuncia que "no va a ir porque se supone que las administraciones están coordinadas en materia informática. Si tienen una resolución del 89% de discapacidad, cómo lo llaman para ser vocal (segundo) en una mesa".
La madre tiene claro que "yo sí voy a ir votar, pero no me voy a dirigir a la Junta Electoral a explicar nada. Ya verán ellos que hacen. Yo lo tengo muy claro".
