La Fiscalía insiste en que hubo irregularidades en la pista agraria construída en Frontera

El fiscal insiste en que el expediente de la obra de una pista agraria, denominada como Malnombre-La Ladera, ejecutada en el municipio herreño de Frontera, está plagado de irregularidades. En la última sesión de la vista oral, celebrada este jueves, mantuvo la acusación contra tres de las personas que intervinieron en el proyecto por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Además, a uno de los investigados, jefe de sección en la Consejería insular de Agricultura, le imputa el delito de negociación y actividad prohibida a funcionario público. Las defensas, por su parte, sostienen que el expediente contó con hasta cuatro informes favorables y ha beneficiado al sector primario de la zona, que era el objeto del proyecto que impulsó el Cabildo de El Hierro y contó con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El Ministerio Público solicita una pena de tres años y medio de prisión y once años de inhabilitación en empleo público para el exconsejero de Medio Rural, Marino y Recursos Hidráulicos del Cabildo de El Hierro, Juan Pedro Sánchez (AHI). Para el funcionario del Cabildo pide cuatro años y tres meses de cárcel e igual tiempo de inhabilitación, y para el ingeniero externo que avaló el proyecto, tres años y medio de prisión.

El fiscal cree que los hechos de incriminación quedan acreditados por las diferentes pruebas presentadas, entre ellas, las periciales, de las que dijo que «no han sido rebatidas». «Los informes solicitados a técnicos de agencias externas fueron desfavorables y no hay un medio de prueba propuesto por las defensas que los contradiga». «Lo único que aportaron son las testificales de vecinos y la declaración de los acusados».

Normativa supuestamente infringida

En cuanto a la normativa urbanística que los acusados habrían infringido, el fiscal señaló el PIO, que establece la prohibición de nuevos trazados (caminos o pistas) en suelo rústico salvo, y de forma excepcional, cuando se contemplen en los PGO municipales. En este caso, en el PGO de Frontera también prohíbe en suelo rústico la apertura de nuevos trazados (carreteras o pistas). El fiscal señala que este proyecto cumplió solo con uno de los cuatro requisitos: que fuera una vía con una finalidad dirigida a explotaciones agropecuarias, pero no cumple con el levantamiento sobre una pista preexistente, ni con el interés público o que el trazado no supere el 12% de pendiente.

El procedimiento de cooperación interadministrativo con el que se llevó a cabo la obra «solo es viable para proyectos de servicio público», asegura el fiscal y «este caso no lo es porque solo beneficia a los dueños de las fincas». «Debió pedirse una licencia municipal», aseveró. Asimismo expuso que la actividad agropecuaria en la zona «no justificaba una obra que se sobredimensionó».

La defensa del político defendió que mientras se gestionó el contrato de obra en la Consejería que dirigía Sánchez, los informes preceptivos fueron favorables y rechazó que este supiera que el proyecto podía beneficiar al jefe de sección de su departamento. «Hubo un informe negativo, pero se emitió cuando el proyecto ya no dependía de su área», aclaró.

El abogado del funcionario defendió su actuación en la tramitación del expediente, que no fue de carácter urbanística sino administrativa, y negó que la pista le beneficiara, pues a su finca no se accede por esta, sino por la HI-1.

El letrado del ingeniero que avaló el proyecto negó los delitos, entre otra cosas, porque no es funcionario ni cargo público y su participación solo está vinculada al inicio del expediente como redactor del proyecto, no como director de obra. Su intervención terminó en 2015, tres años antes del inicio de la obra.

El caso, que se ha juzgado en la Audiencia Provincial, ha quedado visto para sentencia.

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