Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó

Los técnicos que comparecieron este martes como peritos en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la obra de una pista agraria en el municipio de La Frontera, en El Hierro, señalaron que la nueva vía se «sobredimensionó» para el uso que se le pretendía dar y destacaron que no se podría hablar de una obra de acondicionamiento realizada sobre el sendero que existía previamente, sino de una «vía de nueva creación».

La Fiscalía solicita penas tres años y medio de prisión y once años de inhabilitación para el ejercicio de empleo público al exconsejero del Medio Rural, Marino y Recursos Hidráulicos del Cabildo de El Hierro, Juan Pedro Sánchez (AHI). Cuatro años y medio de cárcel y once de inhabilitación para un funcionario del área insular de Agricultura, y tres años y medio de prisión para un ingeniero externo que avaló el proyecto. El Ministerio Público les acusa como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en relación a la construcción de una pista asfaltada de 320 metros de largo y un ancho que varía entre los cuatro metros y medio a los nueve metros sobre un suelo catalogado como rústico con protección agraria. Al funcionario, además, el Ministerio Público le acusa también por un delito de negociación prohibida a empleado público.

La obra de esa vía, que en el proyecto inicial figuraba como acondicionamiento de una pista agraria, se levantó en parte sobre una vereda que existía previamente, al menos en un tercio de la misma. Sin embargo, «se triplicó el ancho de la vía preexistente» y «se llevó a cabo un asfaltado de tal envergadura que permite el tránsito de vehículos de gran peso y dimensiones», lo que para este y otros técnicos era «completamente innecesario». Solo estaban en explotación seis fincas de cultivo extensivo de vid con una producción que «alcanzaba los 2.000 kilos por hectárea», según apuntó un técnico de la Consejería regional de Agricultura.

La Fiscalía pide penas de prisión para el consejero insular Juan Pedro Sánchez, un técnico y un ingeniero

Este perito agrícola señaló que en la zona «había 6.009 metros cuadrados dedicados a la agricultura y, tras finalizar la obra, había incluso menos, 5.753 metros». Esto es lo que recogió en su informe sobre necesidad, proporcionalidad y vinculación de la pista a la actividad económica de la zona, por lo que emitió un dictamen desfavorable. Este técnico aseguró, al igual que lo hicieron otros peritos durante su declaración en la primera sesión de la vista oral, que su informe también era «negativo» en base al artículo 58.2 de la Ley del Suelo. Sin embargo, los letrados de las defensas le hicieron ver que el proyecto se aprobó a finales de 2015, casi dos años antes de que entrara en vigor la ley que citaba.

Por su parte, una técnica de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), a la que se le encargó otro informe sobre esta actuación, aseveró que la obra «incumplió en su momento con el planeamiento municipal e insular, pero puede ser legalizable, según la actual Ley del Suelo».

La perito aseguró que la obra «tiene un carácter privado», ya que beneficia a unos pocos propietarios, entre ellos el funcionario que está acusado en este procedimiento penal, pese a que se ejecutó con fondos públicos. Con todo, alegó que no se incurrió en ningún error «fundamental» que impida su legalización, aunque habría que justificar la necesidad del proyecto porque «no se adecuaba al uso agrícola preexistente en la zona».

De igual manera, consideró que debió haberse pedido una licencia urbanística al Ayuntamiento de La Frontera para ejecutar la obra y no tramitarse mediante un procedimiento de cooperación administrativa, ya que, aunque agiliza los trámites, el Cabildo no tiene las competencias en esta materia. Explicó que la Corporación insular las tiene en materia de desarrollo agrario, pero no podía hacer una obra de infraestructura justificando ese desarrollo a futuro, y menos, de esas dimensiones.

Varios informes indican que no se hizo una obra de acondicionamiento del antiguo sendero, sino una nueva vía

Varios peritos de las defensas expusieron que el trazado no beneficia al funcionario investigado, ya que el sendero se corta antes de llegar a un barranco, que linda con su propiedad y no accede a la vía, sino a la carretera HI-1. Otros técnicos fueron preguntados por la «desmesurada pendiente de la vía», de hasta el 50%, pero apuntaron a que una cosa era la pendiente de la ladera, que alcanza hasta el 70%, y otra la del sendero que oscila en un 20%.

El proyecto costó 169.000 euros y se habría ejecutado a petición de los vecinos.

El caso fue denunciado por el exconsejero insular Luciano Eutimio Armas (NC) que ayer debió comparecer como testigo pero no lo hizo alegando que estaba de viaje. El magistrado presidente de la Sección Quinta,Francisco Javier Mulero Flores, libró un oficio para que se le localizara y compareciera en los días que restan de juicio con el apercibimiento de ser multado si no acude.

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