El Hierro | Daños colaterales de la crisis migratoria

Abogados del turno de oficio denuncian dificultades para dar asistencia jurídica

Los letrados que se encargan de la atención ‘a pie de patera’ aseguran que es «imposible» asumir por adelantado todos los gastos derivados de sus servicios

Imagen de archivo de un gran cayuco a la deriva cerca de la costa de La Restinga. |

Imagen de archivo de un gran cayuco a la deriva cerca de la costa de La Restinga. | / El Día

J. D.

Que la isla de El Hierro vive un drama humanitario de enorme calado desde hace más de un año y medio por los repuntes migratorios que se generan en los muelles de La Estaca y La Restinga no es un secreto. La llegada masiva de cayucos procedentes de las costas africanas ha agudizado la crisis en todo el Archipiélago. La falta de recursos en la antigua Isla del Meridiano, tanto a nivel de infraestructuras como de medios humanos, es galopante y en las últimas fechas se ha sumado una denuncia abanderada por una treintena de despachos jurídicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la que se explican las dificultades para ejercer el turno de oficio a la hora de dar asistencia a las personas que llegan a la costa herreña a bordo de esas barcazas: hay un texto titulado Abogados esclavos en Tenerife o cómo regalar duros por dos pesetas en el que se resumen todas esas contingencias.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se deja claro «la imposibilidad de los letrados de asumir el coste de la totalidad del procedimiento judicial que se deriva de su asistencia en primera línea de muelle».

Cuando un migrante llega en una patera a las costas canarias pasa a disposición judicial en calidad de detenido y tiene 72 horas para ser asistido por un abogado. Éste es el inicio de una larga y costosa carrera por completar los primeros trámites –el boom migratorio que se está dando en territorio herreño ha provocado que muchos despachos hayan tenido que reforzar sus servicios en la Isla– para abaratar los costes. En el caso de que el especialista resida fuera, ahí empieza una larga lista de gastos en la que hay que incluir el pago de pasajes –la gran mayoría opta por el avión–, el traslado hasta el CATE al que ha sido trasladado el africano, las facturas de comidas y, en más de una ocasión, el alojamiento.

Las comunicaciones con El Hierro, pues, condicionan mucho el importe final de los gastos: usar la vía marítima es una opción, pero el avión es más rápido, a pesar de la oferta tan pequeña existente y, sobre todo, al hecho de que a media tarde ya no hay forma de entrar o salir de la Isla por aire.

Otro de los puntos que remarcan los profesionales del Derecho es la cantidad de informes que tienen que acometer –lectura de derechos, notificación del acto administrativo de orden de devolución, los derechos que le asisten para pedir asilo si las circunstancias son favorables y la posibilidad de combatir la orden de repatriación– en presencia de un traductor, circunstancia que alarga muchísimo los tiempos de espera. Todo este papeleo se conoce entre los abogados como «guardia por asistencia a patera».

Un profesional recibe 52 euros por cada expediente y tiene asignado un máximo de seis cada vez que es requerido para este tipo de servicios, es decir, que si todo va bien y logra completar con éxito media docena de informes va a recibir 312 euros. Esas cantidades se se facturan trimestralmente y, en el mejor de los casos, cinco meses después de acabar el trimestre es cuando el Gobierno de Canarias libera los fondos para abonar la defensa letrada.

En su denuncia, los treinta y pico despachos que firman este documento aseguran que los gastos de enero, febrero y marzo de 2024 siguen pendientes de pago.