El Gobierno acaba de presentar la hoja de ruta para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los desechos con la propuesta del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos. El documento confirma el cierre ordenado de los siete reactores que permanecen activos entre 2027 y 2035 como ya pactó el Ejecutivo con los operadores en marzo de 2019.
Según el cronograma, la central de Almaraz I (Extremadura) cesará su explotación en noviembre de 2027. Le seguirán Almaraz II en octubre de 2028, Ascó I (Tarragona) en octubre de 2030, Cofrentes (Valencia) en noviembre de 2030, Ascó (Tarragona) en septiembre de 2032, Vandellós II en febrero de 2035 y Trillo (Guadalajara) en mayo del año 2035.
El plan contempla el inicio del desmantelamiento de las instalaciones nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I que ya está en ese proceso y cuya última fase se ejecutará a partir de 2030. También incluye la construcción de un almacén centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad -alternativa que hoy por hoy está bloqueada- o siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares. Los residuos permanecerán almacenazados de forma ‘provisional’ durante seis décadas mientras se construye la solución final, que consiste en un Almacén Geológico Profundo (AGP) donde permanecerán los desechos miles de años a una profundidad de entre 500 metros y un kilómetro. Finlandia es el primer país del mundo que está construyendo este tipo de almacén.
Los costes de apagar el interruptor nuclear y almacenar de forma segura los residuos se pueden ir hasta los 26.500 millones de euros. Pese a que el Gobierno tiene claro que no hay marcha atrás en este calendario, algunos expertos defienden que hay que replantarse el cierre de las nucleares ante la dependencia que tiene España de otras fuentes de energía como el gas, como ha demostrado la guerra de Ucrania, que ha disparado el coste de la electricidad.
El Estado constituyó en 1984 Enresa, empresa pública que tiene como misión hacerse cargo de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. La única planta desmantelada casi por completo hasta ahora es la de José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Fuentes de Enresa explican que el proceso más complejo "lo constituye la gestión de las partes activas de la instalación, especialmente de los elementos internos del reactor (donde se inicia, mantiene y controla las reacciones de fisión nuclear en cadena) y de la propia vasija que los contiene. Se trata de las partes más activadas de una central nuclear que ha cesado, junto con el combustible gastado. Son tareas complejas".
Vasija del reactor
La compañía valenciana GDES (1.700 trabajadores y 124,5 millones de facturación agregada en 2021) tiene una rama dedicada al desmantelamiento de centrales nucleares. La firma acaba de finalizar con éxito los trabajos de postsegmentación de la vasija de la central nuclear sueca de Barsebäck-1, consiguiendo un hito en su carrera al desmantelar por primera vez un reactor de 600 MW. José Tomás Ruiz, vicepresidente y director de servicios nucleares de GDES, apunta que se trata de un proceso industrial que se realiza en un entorno complejo por los condicionantes radiológicos que implica y en el que todo debe estar planificado hasta el más mínimo detalle. "Es importante entender que el desmantelamiento de una central se planifica con años de antelación y que comienza realmente mucho antes del cese de explotación", destaca Ruiz.
Tres años para empezar
Los trabajos empiezan tres años después del apagón porque el combustible gastado debe enfriarse en las piscinas de la central, según advierte Enresa. El desmantelamiento en sí se puede prolongar hasta 10 años. "Un desmantelamiento no es solamente una demolición de edificios. Es un proceso en el que hay que ir desmontando equipos de grandes dimensiones. Debido a los condicionantes radiológicos, hay que utilizar técnicas muy complejas de corte bajo agua con uso de equipos robotizados y otros métodos más o menos quirúrgicos. Además, se deben gestionar los materiales de manera que se reduzcan los residuos radiactivos. Todos estos procesos son supervisados por las autoridades de seguridad nuclear y requieren unos procedimientos muy complejos para garantizar que los trabajos se hacen en condiciones seguras y que se protege el medio ambiente en todo momento", precisa el vicepresidente de GDES.
España optó inicialmente por reprocesar los residuos de las primeras centrales nucleares (Vandellós I, José Cabrera y la burgalesa de Santa María de Garoña) en instalaciones de Francia y Reino Unido. Esta práctica se interrumpió en 1982 y se optó por que cada central española almacenara provisionalmente el combustible gastado (uranio) en piscinas propias. Como resultado de la primera estrategia, se obtuvieron residuos radiactivos de reproceso que dependiendo de los contratos debían retornar o no a España. Actualmente, aún deben volver al país residuos radiactivos procedentes del reproceso del combustible gastado de la central nuclear de Vandellós que permanecen en Francia.
La solución provisional para el uranio gastado iba a ser el Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en el municipio conquense de Villar de las Cañas, pero hace dos años el Gobierno descartó esa ubicación para el cementerio nuclear. El principal problema es el rechazo ciudadano a este tipo de almacenes. En este contexto, el Ejecutivo baraja ahora dos alternativas: un ATC en otra ubicación o siete Almacenes Temporales Distribuidos (ATD) junto a cada una de las siete plantas nucleares españolas.
La solución considerada más favorable y segura por la comunidad internacional para el depósito definitivo del combustible gastado y de los residuos de alta actividad es la del almacenamiento profundo en instalaciones de ingeniería subterránea en el interior de formaciones geológicas estables. "El almacenamiento geológico puede llevarse a cabo en distintas formaciones geológicas, siendo los tipos de roca mejor estudiados las arcillas, la sal y las rocas duras magmáticas, metamórficas o volcánicas, tales como granito, gneis, basalto o toba", según subraya Enresa. La profundidad a la que debe situarse el almacenamiento depende en gran medida del tipo de formación escogida y de la capacidad de aislamiento de las formaciones que hay por encima. Para la disposición en roca dura, la profundidad habitual de diseño está entre 500 y 1.000 metros.
Según la patronal del sector, Foro Nuclear, el consenso ciudadano ha sido clave en la construcción del Almacén Geológico Profundo (AGP) finlandés. Con una profundidad de unos 450 metros y más de 70 kilómetros de túneles y pozos, el repositorio de Onkalo en la isla Olkiluoto almacenará el combustible gastado procedente de los reactores nucleares del país. La infraestructura evolucionó a partir de una decisión tomada hace 40 años para dar una solución definitiva al problema de los residuos. El país nórdico confía en que la tumba nuclear dure al menos 100.000 años.
La carrera por el cierre del parque nuclear se ha iniciado en un momento en el que surgen voces que alertan de que España todavía no está preparada para el gran apagón. Alberto Escrivá, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universitat Politècnica de València, defiende que "es una fuente de energía estable y necesaria hasta que se desarrolle una gran producción de renovables. El conflicto de Ucrania ha demostrado la dependencia que tenemos del gas como fuente de respaldo. No está claro que podamos prescindir de la nuclear sin una tecnología de recambio". El analista de la consultora energética Grupo ASE Rubén Hernández coincide con Escrivá en que es necesario prorrogar la vida útil de las centrales por la dependencia del gas. Sin embargo, eléctricas como Iberdrola no están por la prórroga por los altos costes de mantenimiento y han acelerado su apuesta por las renovables.
