La polémica generada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva, ha traído a la primera línea de la actualidad a una actividad de gran relevancia para España, como es el de la industria cárnica. Porque, con sus 28.000 millones de facturación anual y sus 500.000 empleos directos e indirectos, presume de ser el cuarto sector industrial del país, sólo por detrás del automóvil, la energía y la metalurgia. Un ránking conseguido gracias al paulatino incremento de la producción, de nada menos que 7,6 millones de toneladas, merced a unas granjas que han ido engordando de tamaño para satisfacer esta creciente demanda y también en busca de rentabilidad.
En la actualidad, son 3.774 las granjas intensivas de dimensiones industriales, también denominadas macrogranjas, que están distribuidas por toda España, alimentando el debate entre los que consideran que son perjudiciales para el medio ambiente y producen carne de menor calidad, y aquellos que defienden su mayor eficiencia, también en el cuidado de los animales y en los medios para evitar impactos ecológicos.
Prácticamente no se habla de otra cosa. En los últimos días, las declaraciones realizadas por el ministro Garzón en un medio de comunicación británico sobre las macrogranjas han propiciado que la polémica generada rivalice a nivel de actualidad, y ya es difícil, con las últimas novedades del coronavirus, tanto porque han puesto al sector en pie de guerra, como también por la utilización política que se está haciendo de las mismas.
No obstante, más allá de reproches y enfrentamientos, el ruido generado también ha servido para profundizar en la realidad del sector cárnico, con un peso enorme sobre la economía nacional. Y es que su cifra de negocio, de 28.000 millones de euros, supone el 2,32% del Producto Interior Bruto (PIB) total, el 16,2% de la rama industrial, y el 4,2% de la facturación de toda la industria española. Con cerca de 3.000 empresas, genera 100.000 empleos directos y 400.000 indirectos. Las ventas al exterior suponen 8.680 millones de euros, situándose solo por detrás de Estados Unidos en lo que respecta a la exportación de carne de porcino. Europa y los países asiáticos son los principales destinos.
Según los últimos datos disponibles, la producción de carne en España alcanzó una cifra récord en 2020, con un total de 7,6 millones de toneladas. La de porcino se sitúa en primera posición, con 5 millones de toneladas, seguida por la de ave, con 1,7 millones; la vacuna, con 677.300 toneladas; la ovina, con 114.300; la de cabra, con 10.100; y la de caballo, que se sitúa en 9.500.
Desde 2015, la producción del sector cárnico se ha incrementado un 25%. Y eso es precisamente lo que más llama la atención, porque, mientras se producía este potente crecimiento, de forma paralela han ido disminuyendo las granjas en un claro proceso de concentración. En España hay en estos momentos 507.195 granjas, después de que justo durante estos seis años hayan desaparecido nada menos que 11.000. La explicación, por tanto, es sencilla: las instalaciones ganaderas de pequeño tamaño están dando paso a las denominadas macrogranjas, precisamente las que están en el centro de la polémica.
¿Y qué es una macrogranja? No hay una definición oficial, ni tampoco cifras oficiales sobre su cantidad. Pero sí está el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), en el que aparecen las granjas que obligatoriamente tienen que estar inscritas debido a su tamaño. Ahí aparecen las de porcino con capacidad para más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos; las de más de 750 cerdas reproductoras; y las granjas avícolas con más de 40.000 plazas. En total, según la última actualización, suman 3.774, en un ránking encabezado por Aragón, con 1.124; Cataluña, con 906; Castilla y León, con 623; Castilla-La Mancha, con 287; Andalucía, con 239; Murcia, con 155; Navarra, con 121; y la Comunidad Valenciana, con 105.
Los detractores de la ganadería intensiva a gran escala hacen referencia al impacto que supone la generación de metano, un gas de potente efecto invernadero, así como a la posibilidad de que puedan contaminar el agua subterránea con nitratos si los purines no son tratados de manera adecuada.
Sin embargo, el secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), Josep Collado, defiende al conjunto del sector, incluidas estas instalaciones de mayor envergadura. Según destaca, "España es de los pocos países que tiene limitaciones en cuanto a tamaño. Hablamos de granjas de un máximo de 5.500 cabezas, con potestad por parte de algunas comunidades para ampliarlas a 7.000, muy lejos de lo que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en el concepto macrogranja, y, por supuesto, nada comparable con los complejos ganaderos de seis pisos de altura y capacidad para 100.000 animales que se construyen en China".
Collado justifica el aumento de tamaño de las granjas en la búsqueda de la rentabilidad. "Las más pequeñas o han crecido o han desaparecido", señala, y asegura, además, que "las de 1.000 animales son más eficientes que las de 100, porque cuentan con modernos sistemas de gestión de residuos y generan menos impacto. Eso no quiere decir que no sigamos preocupándonos por mejorar el tratamiento de purines o por apostar por las energías renovables". Además, defiende el prestigio que el sector tiene a nivel internacional, "como lo demuestra que seamos una de las principales potencias exportadoras", apostilla.
¿Y quiénes están detrás de estas macrogranjas? Las grandes integradoras del sector, principalmente el porcino, son conglomerados empresariales relacionados directamente con la industria cárnica (mataderos o fábricas de pienso, entre otros), que facilitan los animales, la alimentación y la asistencia sanitaria al ganadero.
Con todo, el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, asegura que, en última instancia, el propietario de las granjas sigue siendo el ganadero de toda la vida. "Aquí -subraya- no hay fondos de inversión. Hablamos de granjas familiares, o incluso, últimamente, de agricultores, a los que les interesan los purines para fertilizar sus tierras. Otra cosa es que lleguen a acuerdos con grandes empresas o industrias cárnicas, para poder sobrevivir obteniendo una rentabilidad que, con un tamaño inferior, a lo mejor no conseguirían". Además, rechaza el término macrogranja, "porque es peyorativo. Se nos asocia con lo que hacen en China y no tiene nada que ver".
Otro de los elementos para la controversia es la calidad de la carne producida en estas instalaciones, frente a la de la ganadería extensiva, con animales en libertad. Ahí, José Miguel Torrecillas, directivo del Grupo Jorge, de Zaragoza, líder nacional en exportación de porcino, lo tiene claro. "No podríamos vender en mercados tan exigentes como Europa o Asia sin tener unos estándares elevadísimos. Cumplimos con todas las homologaciones españolas y también las de países terceros, y, además, pasamos constantemente auditorías por parte de nuestros compradores. Si quieres estar en los mercados internacionales, es la única posibilidad". En igual sentido se expresa Ramón Rives, gerente de Avecox, matadero de aves alicantino, quien asegura que "la carne de un animal maltratado no tiene salida". La misma opinión que la de Julián Huertas, del vecino municipio de Almoradí y uno de los principales productores de cabras de la Comunidad Valenciana, quien combina la ganadería intensiva con la extensiva. "En un momento tan delicado como este, en el que estamos sufriendo la embestida del aumento de costes de energía y piensos, lo mínimo que podemos pedir es un poco de apoyo por parte de nuestras autoridades, y no este tipo de declaraciones. A veces parece que se alimenten de ensaladas de bolígrafos y chuletas de papel", concluye.
