Los planes de pensiones, tanto individuales como de empleo, acumulan un patrimonio de 121.000 millones de euros y cuentan con 7,5 millones de partícipes, de los que 3 millones realizan aportaciones anualmente. En la Ley de Presupuestos para 2021 se incluyen dos medidas sobre planes, una positiva, pero de implementación lenta (promoción pública de fondos de pensiones en las empresas), y otra muy negativa, y de efecto inmediato, que reduce drásticamente (en un 75%) el límite de aportación anual a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también reduce las aportaciones en favor de cónyuges.

En el proyecto de Ley que el Gobierno está comprometido a enviar este año al Parlamento, para potenciar los planes para empresas, es necesario e imprescindible incorporar estímulos fiscales a las empresas y a los trabajadores. Si no fuese así, y teniendo en cuenta el escenario económico, pocos planes de pensiones van a desarrollarse por parte de las empresas. Los planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los planes individuales, al menos hasta que los primeros tengan una cobertura de la práctica totalidad de trabajadores y empresas.

Las reducciones al límite de aportación anual de los planes Individuales deberían haberse implementado de forma gradual, y no de forma radical como se ha hecho, y siempre acompasada al desarrollo efectivo del sistema de empleo. De hecho, casi el 30% de los tres millones de personas que anualmente hace aportaciones a planes de pensiones han tenido que reducir las mismas, sin poder compensarlas con aportaciones a los planes de empleo, al no estar aún desarrollado este segmento.

El tercer pilar (los planes individuales) sigue siendo necesario para todos los trabajadores cuya empresa no tenga constituido un plan de pensión de empleo y, en especial, para los autónomos, que representan al 16% de los trabajadores en España, que no pueden acceder a un plan de empleo.

Los planes Individuales están ofreciendo rentabilidades (netas de gastos y comisiones) a 12 meses del 15,1% o del 3,6% anual a 10 años, o del 3,5% anual a 25 años, y sus gastos (ya deducidos de las rentabilidades mencionadas, son actualmente del 1,06% anual, que se compara muy bien con el límite del 1% fijado para el PEPP básico (Plan de Pensiones Paneuropeo) recientemente aprobado por la Comisión y el Parlamento europeos.

Los planes de pensiones tienen una labor social muy importante, prestando apoyo a familias, cada año complementan la jubilación de 400.000 familias con 4.300 millones de euros, les dan liquidez en situaciones de crisis (en los últimos 10 años han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo o enfermedad grave) y, además, 50.000 familias han rescatado en 2020 su dinero para afrontar los efectos del COVID-19). Adicionalmente, los Fondos de Pensiones financian a las empresas españolas (46.000 millones de euros invertidos en compañías españolas) y a la sociedad en general (invierten 58.700 millones de euros en empresas comprometidas con la sostenibilidad).

Para ello, la longevidad debe estar presente en el debate teniendo en cuenta tres factores: la jubilación ya inminente de la generación del “baby boom”, que durará 10-15 años (más pensionistas); la mayor duración del período de la condición de jubilado (más tiempo cobrando pensión); y el creciente incremento medio de la pensión (más importe del gasto en pensiones).

En este contexto, una reforma estructural del sistema de pensiones en su conjunto (reparto y capitalización), que haga el sistema sostenible en esta década y en la siguiente, podría ser una de las propuestas a incluir en el programa de reformas, como así se ha reflejado en el reciente informe España 2050. El objetivo de la sostenibilidad de un gasto a futuro hoy indeterminado, si bien creciente, daría mucha credibilidad a la credibilidad de nuestra economía y así facilitar la localización de inversiones.

Los beneficios no sólo serían para los trabajadores actuales (mayor nivel de renta en su jubilación), sino también para la Hacienda Pública (consumo futuro que generaría impuestos), y existencia de inversores domésticos estables para reducir en parte la prima de riesgo en entornos complicados y el consiguiente ahorro de intereses en la Deuda pública), y también para el sistema económico en general (más financiación de inversores domésticos y menos de internacionales), reduciendo la dependencia de los inversores extranjeros.

Sin duda una apuesta ganadora para los trabajadores, la economía y la Hacienda Pública.