El Ministerio de Trabajo lo confirma: el fichaje digital obligatorio está más cerca y podría llegar en septiembre

El nuevo curso político podría arrancar en septiembre con una nueva normativa que afectará a millones de trabajadores. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere impulsar el proyecto de la Nueva Ley de Fichaje, una reforma que busca modernizar y digitalizar el registro horario de las empresas para hacerlo más seguro, accesible y transparente.

Entre los objetivos que persigue Trabajo está acabar con las horas extraordinarias no declaradas y reforzar el cumplimiento de la futura reducción de la jornada laboral de 37,5 horas. Aunque la obligación de registrar la jornada existe desde 2019, el nuevo texto endurece las exigencias para las empresas.

El cambio principal será la desaparición de los sistemas manuales y la implantación de un modelo completamente digital que permitirá a la Inspección de Trabajo acceder a los registros sin necesidad de desplazarse a la empresa.

La previsión es que entre en vigor en septiembre

Las últimas previsiones del Ejecutivo sitúan la entrada en vigor de la reforma durante septiembre de 2026, una vez concluya su tramitación normativa. A partir de ese momento, las empresas deberán adaptar sus sistemas para cumplir con los nuevos requisitos técnicos, ya que los tradicionales registros en papel o las hojas de cálculo dejarán de ser válidos.

La normativa establece un plazo de 20 días para acabar con los registros antiguos y poner en marcha los nuevos. El objetivo es garantizar que cada fichaje quede registrado de forma automática, sin posibilidad de alteraciones posteriores.

El fichaje será completamente digital

Cuando esté en funcionamiento la nueva ley, el control horario deberá realizarse mediante plataformas digitales que aseguren la integridad de la información. La reforma establece que el registro deberá ser inalterable y trazable, de manera que cualquier modificación posterior quede reflejada junto con la identidad de la persona que la haya realizado.

Con ello se pretende impedir que puedan cambiarse horarios una vez finalizada la jornada o que se introduzcan fichajes con carácter retroactivo. La obligación de controlar la jornada seguirá siendo universal y afectará tanto a grandes compañías como a pequeñas empresas y autónomos con trabajadores.

Además del horario de entrada y salida, el nuevo sistema deberá reflejar:

• Las horas ordinarias realizadas.
• Las horas extraordinarias.
• Las jornadas parciales.
• Las pausas que no computen como tiempo de trabajo.
• Si la actividad se ha desarrollado de forma presencial o mediante teletrabajo.

Los registros deberán conservarse durante cuatro años, igual que ocurre con la normativa vigente, y permanecer disponibles tanto para los trabajadores como para sus representantes legales.

La Inspección podrá revisar los registros en tiempo real

Otro de los cambios notables es que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder de manera remota a los sistemas de registro. Esto facilitará las comprobaciones y reducirá el tiempo necesario para detectar posibles incumplimientos relacionados con la jornada laboral. Hasta ahora los inspectores debían solicitar la documentación a la empresa durante una visita presencial.

La reforma también endurece el régimen sancionador previsto en la legislación laboral. Mientras que hasta ahora las infracciones relacionadas con el control horario podían sancionarse con multas de hasta 7.500 euros, el nuevo marco contempla sanciones que podrían llegar a 10.000 euros por cada trabajador afectado, lo que incrementa notablemente el impacto económico para las empresas incumplidoras.

De esta forma, el Gobierno busca reforzar el cumplimiento efectivo del registro de jornada y dificultar cualquier práctica destinada a ocultar horas extraordinarias o modificar los horarios una vez registrados.