Es oficial: la nueva prórroga de los alquileres que prepara el Gobierno no se aprobará mañana, y la nueva ley se retrasa hasta septiembre

Todos los propietarios de viviendas en alquiler en Tenerife están pendientes del nuevo Real Decreto-ley que el Gobierno podría aprobar en el Consejo de Ministros a la vuelta del verano. La abogada tinerfeña especializada en derecho inmobiliario, Cristina Ruiz, ha advertido que, aunque la medida aún no sea oficial, su impacto en el mercado será importante.

Cuando el Ejecutivo de luz verde a la norma, miles de contratos de alquiler se podrán prorrogar automáticamente hasta 2028. El nuevo paquete de medidas en materia de vivienda incluye una ampliación extraordinaria de determinados arrendamientos.

La aprobación se retrasa hasta septiembre

El Ejecutivo tenía previsto aprobar el trámite en el Consejo de Ministros de mañana, martes 28 de agosto, pero su aprobación se pospone hasta septiembre ante la falta de apoyos. Por el momento, esta norma está llena de incertidumbre debido a su tramitación parlamentaria.

Cristina Ruiz recuerda que este tipo de normas siguen un procedimiento concreto: "Al igual que los reales decretos anteriores, primero se aprueba en Consejo de Ministros y luego, en el plazo de 30 días, tiene que convalidarse por el Congreso".

Cuando la reunión del Ejecutivo apruebe el RDL, este tendría que someterse a votación 30 días después de la tramitación. En un inicio, iba a hacerse en agosto, un mes inhábil y en el que no hay sesiones del Congreso de los Diputados. Sin embargo, este retraso la pospone hasta finales de septiembre u octubre.

Por este motivo, y la falta de consenso con el resto de partidos, el Ejecutivo ha decidido aplazar la iniciativa hasta septiembre. De este modo, se pretende garantizar su convalidación en la cámara baja.

¿Qué cambios plantea el nuevo decreto?

El texto negociado entre PSOE y Sumar pretende introducir varias medidas relacionadas con el mercado del alquiler y el acceso a la vivienda. Entre las principales propuestas figura:

• Prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028.
• Regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar un uso fraudulento de estas modalidades.
• Bonificaciones fiscales en el IRPF para propietarios que reduzcan el precio del alquiler.
• Nuevas medidas de protección para hogares vulnerables frente a determinados procedimientos de desahucio.
• Obligación de formalizar todos los contratos de arrendamiento por escrito.

La ley también afectará a los pisos turísticos

El futuro decreto no se limita únicamente al alquiler residencial. El Ejecutivo también plantea endurecer la regulación de las viviendas de uso turístico.

Entre las medidas que estudia se encuentran el aumento del IVA de este tipo de alojamientos hasta el 21 %, un mayor control sobre su publicidad en plataformas digitales y cambios destinados a facilitar la movilización de vivienda asequible.

Pese a las expectativas generadas durante las últimas semanas, el nuevo decreto todavía no tiene validez jurídica. Antes de ser efectiva, el Gobierno deberá aprobar primero el texto en el Consejo de Ministros y, posteriormente, conseguir que el Congreso de los Diputados lo convalide.

No sería la primera vez que una iniciativa de este tipo encuentra dificultades parlamentarias.