El decreto de los alquileres, un 'totum revolutum' que no gustaba a nadie para despedir la "legislatura de la vivienda"

El presidente Pedro Sánchez lleva meses diciendo que esta legislatura es la "legislatura de la vivienda", un eslogan que ha repetido en multitud de ocasiones. Casi tantas como anuncios lleva el Gobierno realizados en esta materia: desde las 183.000 viviendas públicas hasta las bonificaciones fiscales o las regulaciones del alquiler temporal y de los pisos turísticos. Buena parte de las propuestas que han ido cayendo a cuentagotas desde finales de 2024 se unían por fin en un texto legislativo, el real decreto-ley que el Ejecutivo planeaba aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

La norma aspiraba a ser el gran colofón de la política de vivienda del Gobierno, pero terminó convertida en un ‘totum revolutum’ de 69 páginas en el que cabía casi todo, tal y como ha desgranado EL PERIÓDICO en los últimos días: la prórroga de los contratos durante dos años convivía con la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, el bloqueo de desahucios, las rebajas fiscales a los caseros, el castigo a las socimis, los recargos sobre viviendas vacías y turísticas, el refuerzo de Casa 47 y la reforma de la ley del suelo. Un mosaico arrendaticio, tributario, procesal y urbanístico difícil de explicar como una estrategia única.

La intención era introducir en un mismo decreto medidas capaces de atraer a todo el bloque de investidura. El resultado fue el contrario. Cada partido encontraba una parte que podía vender como propia, pero también otra que le impedía respaldar el conjunto. Vivienda lo presentó como un paquete "ambicioso y transversal", pero en la práctica consistía en acumular concesiones incompatibles. Por ese motivo, ante la falta de acuerdos, el Gobierno ha decidido retrasar hasta septiembre su aprobación para seguir negociando un acuerdo que, según el Ministerio, está más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura.

Diferentes medidas difíciles de cuadrar

Sumar había logrado incluir su medida estrella: la prórroga de los alquileres que vencieran antes de julio de 2028. También defendía la regulación de los contratos temporales, el escudo frente a los desahucios y el endurecimiento de las reglas para los grandes propietarios. Para atraer votos situados más a la derecha, aceptó que el PSOE incorporase beneficios fiscales para los caseros. Una concesión que defendieron porque para ayudar a millones de inquilinos había que "dejarse algún pelo en la gatera".

Ese giro alejaba a Podemos. El partido de Ione Belarra avisó de que no respaldaría "ni por activa ni por pasiva" un decreto con ventajas fiscales para los propietarios y exigió retirar la reforma de la ley del suelo, a la que considera una amnistía para planeamientos urbanísticos anulados. En el extremo opuesto estaba el PNV, que veía precisamente esa reforma como imprescindible para aportar seguridad jurídica y agilizar los desarrollos, además de reclamar claridad competencial y una regulación del alquiler de temporada. Lo que acercaba a los nacionalistas vascos hacía saltar el apoyo de Podemos.

Junts tampoco estaba dentro. Consideraba la prórroga intervencionista y contraria a las competencias catalanas. Reclamaba incentivos para jóvenes inquilinos y pequeños propietarios hipotecados, además de cambios frente a la ocupación. Sus siete votos eran determinantes después de haber tumbado en abril, junto con PP y Vox, una extensión similar. ERC y EH Bildu estaban más próximos al bloque de protección al inquilino, pero no bastaban para compensar los vetos cruzados. PP y Vox quedaban directamente fuera de la ecuación.

El sector privado no respaldaba el decreto

Fuera del Congreso, el borrador tampoco despertaba entusiasmo. Y eso que el equipo de Rodríguez tendió puentes, especialmente en cuanto a la ley de suelo se refiere. "Es el decreto favorito de Ada Colau", ironiza un directivo del sector. Otra de las fuentes consultadas lo define como "un batiburrillo normativo, sin rigor técnico ni sentido estratégico, basado en una ideología desfasada" y sospecha que estaba diseñado para provocar el rechazo y permitir después al Gobierno mantener el relato de que quiso actuar, pero los demás partidos se lo impidieron.

Las críticas más duras se concentran en la transferencia de responsabilidades al propietario. "Es usar al casero como escudo social cuando es el Estado el que tiene las competencias en vivienda y lleva años sin resolver el problema", sostiene otra fuente del sector. La comparación que utiliza es gráfica: "Es como culpar a un médico por las listas de espera o a un profesor porque tenga 30 alumnos por clase y, en vez de aportar recursos, obligarle a trabajar más horas por el mismo dinero".

El decreto intentaba congelar alquileres, premiar fiscalmente a unos propietarios y castigar a otros, frenar lanzamientos sin alternativa habitacional, aumentar la oferta, intervenir compraventas y acelerar el urbanismo. Cada medida podía encontrar aliados por separado. Unidas crearon una coalición de rechazos: demasiado intervencionista para Junts, PP y Vox, demasiado favorable a los caseros para Podemos, insuficientemente clara en competencias para los nacionalistas y llena de riesgos para el sector.

El Gobierno confía ahora en que agosto obre el milagro que no consiguió durante meses de negociación. No parece el calendario más propicio: entre vacaciones, playas y un Congreso en pausa, cuesta imaginar que los apoyos vayan a aparecer con mayor facilidad bajo la sombrilla. El aplazamiento deja, en todo caso, un nuevo revés en la cuenta de Isabel Rodríguez dentro de la autoproclamada "legislatura de la vivienda". Antes llegaron la derrota parlamentaria de la reforma de la ley del suelo y la contestación de las comunidades autónomas al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado a regañadientes y rodeado de recursos. El gran decreto —del que ha ido informando estos días EL PERIÓDICO— llamado a reunir la política residencial del Gobierno acaba, por ahora, en el mismo lugar que otros de sus anuncios: pendiente de que alguien consiga convertirlo en una mayoría.

Suscríbete para seguir leyendo