El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: no puedes dejar de ir a trabajar aunque tu empresa no te pague la nómina, aunque puedes acudir a la justicia

Miles de trabajadores sufren cada año retrasos en el pago de sus nóminas e incluso, en algunos casos, dejan de recibir alguna mensualidad por parte de su empresa. Sin embargo, aunque esta situación genera una gran preocupación entre los empleados, no significa que puedan dejar de acudir a su puesto de trabajo por decisión propia. Hacerlo podría tener consecuencias laborales importantes, aunque la empresa esté incumpliendo sus obligaciones, como establece el Estatuto de los Trabajadores.

No cobrar la nómina durante varios meses es una de las situaciones más difíciles a las que puede enfrentarse una persona. Por eso, la legislación laboral tiene un mecanismo para proteger al empleado y evitar que pierda sus derechos si pierde su salario.

La razón para que no puedas abandonar el trabajo de manera unilateral es simple. El contrato laboral no se extingue automáticamente porque la empresa deje de pagar el sueldo. Mientras ese vínculo siga vigente, el trabajador debe continuar cumpliendo sus obligaciones o acudir a la vía judicial para que sea un juez quien autorice la finalización de la relación laboral.

El riesgo de abandonar el puesto sin consentimiento

Si el empleado decide dejar de acudir a su puesto sin seguir el procedimiento legal, la empresa puede interpretar esa conducta como una baja voluntaria o un abandono del trabajo.

Las consecuencias son graves. El trabajador puede perder el derecho a la indemnización por el fin del contrato y tampoco acceder a la prestación por desempleo, ya que no se encontraría en situación legal de paro.

Por ese motivo, los especialistas laborales recomiendan no tomar decisiones precipitadas aunque la empresa acumule varios meses de impagos.

La ley permite romper el contrato, pero debe autorizarlo un juez

El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores ofrece una salida cuando los impagos son graves o los retrasos en el salario se prolongan en el tiempo. En estos casos, el trabajador puede solicitar judicialmente la extinción del contrato.

Si el juez le da la razón, conseguirá varias garantías al mismo tiempo: cobrará los salarios pendientes, tendrá derecho a una indemnización equivalente a la del despido improcedente y podrá solicitar la prestación por desempleo.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la situación adquiere suficiente gravedad cuando la empresa acumula alrededor de tres mensualidades impagadas o mantiene retrasos reiterados durante un largo periodo.

También existe el derecho a reclamar intereses

Además de reclamar las cantidades pendientes, el trabajador puede exigir la aplicación del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a pagar el salario de forma puntual.

Cuando existe demora en el pago de conceptos salariales, la empresa puede verse obligada a abonar un interés del 10% anual sobre las cantidades adeudadas, una penalización que busca desincentivar este tipo de incumplimientos.

Antes de llegar a los tribunales, la ley exige presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), un trámite obligatorio para intentar alcanzar un acuerdo.

Aunque la regla general obliga a mantener la relación laboral, el Tribunal Supremo ha ido flexibilizando esta situación y el trabajador puede solicitar al juez medidas cautelares para quedar exento de acudir a su puesto mientras se resuelve el procedimiento.