Bruselas libera a Canarias de la tasa de emisiones hasta 2035

La Comisión Europea (CE) ha dado un paso decisivo para alejar un más que probable encarecimiento de los viajes interinsulares -y entre las Islas y el resto de España- a consecuencia del incremento de los costes fiscales de navieras y aerolíneas. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2035 la exención de la que disfrutan las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el llamado ‘mercado europeo de derechos de emisión’. En el caso del transporte aéreo, esto evita que las compañías tengan que asumir un coste adicional -de carácter casi punitivo- por las emisiones de dióxido de carbono en los vuelos entre el Archipiélago y el resto del Estado. De salir adelante la iniciativa, residentes, empresas y turistas esquivarán un incremento del precio de los billetes que resulta especialmente perjudicial en un territorio cuya conectividad depende casi exclusivamente del transporte aéreo.

Aunque habitualmente se habla de una ‘tasa de emisiones’, este mecanismo europeo funciona de otra forma. No se trata de un impuesto en sentido estricto, sino de un mercado de derechos de emisión. La Unión Europea (UE) fija un límite máximo de emisiones por actividad y obliga a las empresas del sector -en este caso navieras y aerolíneas- a entregar derechos equivalentes al dióxido de carbono que generen en su operativa. Esos derechos se compran y venden en un mercado cuyo precio fluctúa de forma constante. Cuando el carbono se encarece, también aumentan los costes de las compañías sujetas al sistema, que suelen repercutir parte de ese gasto sobre el consumidor final. Y ahí está el riesgo para territorios fragmentados y alejados de la Europa continental, como es el caso del Archipiélago.

Un informe del Gobierno cifra en hasta 20 euros la subida de los billetes para volar a la Península si no hubiera excepción

Un informe analítico encargado por el propio Gobierno de Canarias reveló que el precio de cada billete para volar entre las islas subiría entre dos y tres euros, mientras el coste de cada billete a la Península experimentaría un alza de entre 15 y 20 euros. De modo que el efecto de esta medida, de este mercado de compraventa de derechos de emisión, repercute de forma directa en el precio de los pasajes. Por esa razón, las RUP cuentan con un tratamiento diferenciado. La Comisión Europea reconoce que territorios como Canarias, Azores, Madeira o los departamentos franceses de ultramar sufren condicionantes permanentes -lejanía, insularidad, pequeña dimensión de sus mercados interiores y dependencia del avión- que justifican excepciones para evitar que la legislación climática genere efectos desproporcionados.

Se evita el golpe

Ese sobrecoste no solo habría afectado a los residentes. También habría restado competitividad al principal destino turístico español frente a otros mercados vacacionales, al elevar el coste de volar a las Islas en un momento en el que las aerolíneas ajustan con precisión sus tarifas y capacidad ante la incertidumbre global por la crisis en Oriente Próximo. Además, el encarecimiento del transporte habría afectado también a miles de viajeros que utilizan el avión por motivos laborales, sanitarios, educativos o familiares.

La propuesta presentada ahora por la Comisión -el Ejecutivo comunitario- forma parte del paquete de simplificación de la normativa climática europea. Bruselas sostiene que la prórroga mantiene intactos los objetivos medioambientales, al tiempo que preserva la cohesión territorial y tiene en cuenta las circunstancias específicas de las Regiones Ultraperiféricas, que, además, están reconocidas en los tratados de la Unión, para empezar en el mismo Tratado de Funcionamiento de la UE.

El trato singular al Archipiélago y demás RUP está amparado en el propio Tratado de Funcionamiento de la UE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró ayer el anuncio por considerar que supone un respaldo a la estrategia desarrollada por el Ejecutivo autonómico durante los últimos años. A su juicio, la decisión demuestra que la descarbonización del transporte puede avanzar sin penalizar a territorios alejados del continente y sin comprometer un derecho básico como la movilidad. La propuesta deberá ser negociada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su aprobación definitiva. Si el texto sale adelante en los términos planteados por la Comisión, Canarias conservará hasta 2035 un régimen específico dentro del mercado europeo de derechos de emisión. Más allá del tecnicismo jurídico, el resultado práctico será que el Archipiélago seguirá protegido frente a un incremento del coste del transporte aéreo que habría terminado por repercutir en el bolsillo de ciudadanos y visitantes y que habría supuesto un nuevo hándicap para su economía. La decisión aporta además certidumbre a los sectores aéreo y turístico, que podrán planificar inversiones y rutas con un marco regulatorio estable durante los próximos años.

En concreto, las propuestas de la CE en relación con el comercio de derechos de emisión incluyen esa mención específica al caso de las RUP: «Las emisiones de los operadores de aeronaves liberadas hasta el 31 de diciembre de 2035 procedentes de vuelos entre un aeródromo situado en una Región Ultraperiférica de un Estado miembro y un aeródromo situado en el mismo Estado miembro, incluido otro aeródromo situado en la misma Región Ultraperiférica o en otra Región Ultraperiférica del mismo Estado miembro, seguirán estando exentas».

En otras palabras: las aerolíneas no tendrán que comprar ni gastar -entregar- derechos de emisión por los vuelos y desplazamientos que lleven a cabo entre las islas y entre estas y cualquier otro puerto o aeropuerto del resto de España.

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