Canarias contiene los precios en los supermercados pese al aumento de costes por la guerra en Irán

La cadena agroalimentaria continúa soportando sobrecostes estructurales derivados del encarecimiento del combustible, de los productos cuya fabricación depende de materias primas vinculadas al petróleo —como celulosas, polietileno u hojalata— y de los insumos agrarios, entre ellos fertilizantes y otros materiales esenciales para la producción. La situación resulta especialmente delicada en el Archipiélago, territorios altamente dependientes del transporte marítimo para su abastecimiento. A mediados de mayo, solo los carburantes destinados al transporte marítimo acumulaban ya un incremento del 14%, según datos de la Confederación Canaria de Empresarios

A pesar de este contexto, no existen evidencias de que ningún producto alimentario se haya encarecido como consecuencia directa de la crisis en Oriente. De hecho, la variación anual del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en mayo en el 2,2%, cuatro décimas por debajo del dato registrado el mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Este comportamiento refleja que la cadena absorbe parte de los sobrecostes y contiene su impacto en el consumidor.

En el caso de las empresas de supermercados y mayoristas de alimentación, la continuidad de la guerra en Oriente sigue añadiendo presión a los costes operativos. Asedas, la asociación que representa al 75% de la distribución alimentaria en España, calcula que el precio de la energía acumulaba a finales de mayo un incremento del 15% desde el inicio del conflicto. Con los datos actualizados y las previsiones disponibles para junio, el sobrecoste conjunto del transporte y la energía podría alcanzar ya los 70 millones de euros.

Las empresas integradas en Asedas aseguran estar preparadas para seguir actuando como barrera de contención ante los incrementos de costes que afectan al conjunto de la cadena. Su objetivo, subrayan, es garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más ajustados posible para los consumidores.

Preocupación en el sector

No obstante, la situación genera una creciente preocupación en el sector. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y su posible impacto en los costes operativos dificulta cualquier previsión. A ello se suma el riesgo de los denominados efectos de segunda ronda, como el aumento de intereses, alquileres y otros gastos asociados, cuyo alcance resulta todavía imposible de cuantificar.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas