Recurren por "racista" el decreto del Gobierno canario de acceso a la vivienda protegida

El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido ante los tribunales por organizaciones sociales que piden su anulación al considerarlo ilegal, discriminatorio y racista.

La plataforma Derecho al Techo y el Observatorio DESCA presentaron este martes el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria. Sus portavoces sostienen que el Decreto 23/26 vulnera garantías constitucionales y europeas al establecer requisitos temporales y económicos que, según denuncia excluyen precisamente a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

La portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, señaló que familias con pocos recursos y migrantes se ven perjudicados por las exigencias de ingresos y arraigo, entre ellas acreditar más de una década de residencia en las Islas. A su juicio, la norma deja de ser una herramienta de apoyo a los más necesitados y se convierte en un mecanismo de discriminación.

Las entidades también critican que el decreto excluya a personas con contratos de alquiler próximos a vencer o afectadas por desalojos o desahucios. Miguel Ruiz, abogado del recurso, afirmó que la norma busca dejar fuera a gran parte de la población que necesita una vivienda en el Archipiélago y sustituye el principio constitucional de igualdad por una «preferencia étnico-racial».

Los promotores del recurso sostienen, además, que la medida contribuye a maquillar las cifras reales de necesidad habitacional al excluir automáticamente a muchas personas afectadas. Ruiz defendió que existen precedentes de normas aprobadas en Europa contra requisitos de arraigo o residencia y, por tanto, confió en que la Justicia les dé la razón.

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