La odisea de encontrar una finca para cultivar en Canarias: el suelo agrícola canario se atasca entre el abandono y la especulación

Los agricultores denuncian las dificultades para acceder a fincas en un mercado marcado por la presión urbanística, la falta de agua y el miedo a la okupación

Un agricultor recolecta papas de una finca ubicada en Gran Canaria. / Quique Curbelo

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Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria09 MAY 2026 19:39

Actualizada 09 MAY 2026 19:47

Mientras miles de hectáreas permanecen abandonadas en Canarias, agricultores y ganaderos recorren municipios enteros buscando una finca para arrendar sin éxito. El miedo de los propietarios a la okupación, las expectativas de una futura recalificación urbanística, la presión inmobiliaria, la falta de agua o los elevados precios del suelo han terminado por bloquear parte del mercado agrario de las Islas. ¿El resultado? Hay terreno cultivable sin trabajar y, al mismo tiempo, productores que no encuentran dónde ampliar o iniciar una explotación. Lo que complica el relevo generacional.

Los datos reflejan esa contradicción. La superficie agraria útil de Canarias ronda las 130.000 hectáreas, pero gran parte de ese suelo permanece fuera de uso. En 2023 se cultivaron en las Islas 40.042 hectáreas –27.505 de regadío y 12.537 de secano–, lo que implica que cerca del 60% del terreno potencialmente cultivable no está siendo trabajado.

A todo esto se suma que Canarias registra los precios medios anuales del suelo agrario más altos del país. Según datos del Ministerio de Agricultura, la hectárea de uso agrario en las Islas alcanza de media los 148.415 euros, frente a los 10.248 euros del conjunto nacional.

Combinación de factores

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, atribuye esta situación a una combinación de factores estructurales. «Canarias es un territorio limitado y muy fragmentado», explica. «Hay poco suelo y eso al final encarece». Pero no solo influye la escasez física del terreno. El responsable autonómico sostiene que sobre el suelo agrícola existe una presión creciente de otros usos vinculados al mercado inmobiliario y residencial.

«La población necesita dónde vivir y eso presiona para poder construir en ese suelo», señala. Según García, muchos propietarios mantienen parcelas sin cultivar abandonadas a la espera de un posible cambio urbanístico o de una operación más rentable que la agrícola.

El encarecimiento de la vivienda y la expansión del alquiler vacacional también han acabado impactando en el campo. «Ahora mismo hay una presión terrible sobre las edificaciones y sobre los lugares que hay para vivir en las zonas rurales», advierte el secretario general de COAG en Tenerife, Miguel López.

Acceder al agua

La presidenta de Asaga Canarias Asaja, Ángela Delgado, coincide en que el problema responde a «un totum revolutum». A la falta de rentabilidad agraria se unen las dificultades para acceder al agua, el reducido tamaño de las fincas y el temor de muchos propietarios a alquilar sus terrenos. «La ley de arrendamientos rústicos es muy lenta para desahucios», explica. «Ahora mismo la okupación es una noticia estrella. El miedo de los propietarios es que se les meta un inquilino y luego no lo puedan sacar», afirma.

La situación se agrava además por la escasa rentabilidad de buena parte de los cultivos. «Se están alineando los astros para el abandono del campo», resume la dirigente agraria. «Incluso los que heredan fincas tienen difícil mantenerlas», reconoce.

Desde COAG Canarias apuntan también a un componente cultural y social detrás del bloqueo del suelo agrario. «Aquí en algún momento se pensó que todo podía ser urbanizable», afirma López. «Muchas personas que tienen terrenos que no están cultivados prefieren mantenerlos así antes que ponerlos en arrendamiento», insiste. El representante agrario recuerda además que los intentos institucionales para movilizar suelo a través de bancos de tierras no han terminado de despegar.

Mientras tanto, los productores se encuentran un mercado bloqueado. Alberto Arencibia, agricultor de 28 años, lleva años intentando conseguir nuevas fincas para cultivar papas y zanahorias. «El problema es que el dueño no quiere arrendarla y el que la quiere arrendar, las condiciones de la finca dan mucho que desear», explica. El joven agricultor también apunta al elevado precio de los alquileres y a la corta duración de los contratos. «Si tengo que preparar la finca, dame por lo menos 10 o 15 años», reclama. «No puedes amortizar una inversión grande en tres o cinco años», apunta.

«No podemos perder más espacio con placas solares»

«El suelo cultivable no puede perder más espacio con placas solares». Esa es la advertencia que lanzan organizaciones agrarias y productores del Archipiélago ante el avance de los proyectos fotovoltaicos en las Islas y el futuro reglamento autonómico que regulará la actividad agrovoltaica en el Archipiélago. Canarias será la primera comunidad autónoma en contar con una normativa propia para compatibilizar cultivos y generación de energía fotovoltaica en terrenos agrícolas. Sin embargo, el sector teme que la expansión energética termine ocupando suelo fértil en un territorio donde la tierra agraria ya es limitada.

«El suelo agrícola debe ser suelo agrícola. El primer uso debe ser el agrícola», defiende la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, que sí ve viable utilizar cubiertas de empaquetados o terrenos baldíos, pero rechaza que las placas acaben desplazando cultivos. «Un suelo agrario tiene un valor agronómico y si le ponemos placas encima difícilmente se puede dedicar a las dos cosas», advierte.

Desde COAG Canarias, Miguel López insiste en que «la actitud principal que tiene que tener un suelo agrario es la de producir alimentos». La organización considera que incluso los terrenos actualmente abandonados deben preservarse por su valor estratégico. «Hay una tendencia a decir que si un suelo no está cultivado se puede dedicar a otra cosa. Nosotros eso lo queremos discutir», señala. El viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, reconoce que el Ejecutivo tuvo que intervenir al detectar una creciente presión de empresas energéticas sobre terrenos agrícolas, especialmente en antiguas zonas tomateras de Gran Canaria. «Las eléctricas buscaban suelos llanos y con acceso, y esos eran precisamente muchos de los suelos agrícolas», explica.

El sector teme además que la rentabilidad vinculada a la producción energética termine encareciendo todavía más el precio de la tierra agraria en Canarias, la comunidad con el suelo agrícola más caro del país. «La placa también tensiona el precio del suelo», admite García.

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