Un fondo buitre embarga 840 millones a España y presiona al Gobierno para que pague ya las indemnizaciones por los recortes a las renovables

España lleva años negándose a pagar las indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por las denuncias contra los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Estado español acumula condenas por laudos interpuestos por inversores afectados contra el ‘hachazo’ a las primas a las renovables con condenas que reconocen compensaciones de más de 2.300 millones (1.763 millones de compensaciones y unos 550 millones en concepto de intereses de demora).

La Comisión Europea ha concedido a España una ‘bala de plata’ para evitar pagar esas indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas o a los fondos oportunistas que han recomprado los derechos de cobro a los inversores originales. Bruselas ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales porque se considerarían ayudas de estado ilegales a las empresas beneficiarias en el caso de que se traten de compañías europeas.

Sin embargo, las empresas y los fondos oportunistas continúan con los litigios y han ido reclamando embargos de activos del Estado español en diferentes países para poder cobrar las indemnizaciones. El mayor de estos fondos oportunistas, Blasket Renewable Investments, sigue intensificando la batalla legal contra el Estado español promoviendo confiscaciones de activos estatales y mete presión al Gobierno para conseguir una solución pactada y conseguir cobrar las compensaciones reconocidas en las diferentes condenas.

En este contexto, Bélgica ha ejecutado ya embargos que rondan los 840 millones de euros a España por el impago de los laudos arbitrales. La Justicia belga ha ordenado incautar los pagos que recibe mensualmente el grupo estatal Enaire (matriz del gestor aeroportuario Aena) por parte de Eurocontrol en concepto de retribución por la gestión de, tráfico aéreo.

El embargo millonario es connsecuencia de distintas órdenes de embargo dictadas para resolver las deudas de casos como Eurus Energy (grupo Toyota), RREEF u Operafund, según detalló el equipo jurídico de los acreedores en un encuentro con medios de comunicación en Madrid. La Comisión Europea ha abierto expediente a Bélgica por estar tramitando estos pleitos contra España a pesar de conocer su criterio de que esos arbitrajes no pueden considerarse válidos en el caso de empresas europeas.

El precedente que se busca repetir

Blasket busca meter presión al Gobierno para arrancar un “acuerdo satisfactorio” sobre estos pleitos y pactar el pago de las indemnizaciones. El fondo ya lo ha conseguido en una ocasión. España cedió tras años de bloqueo y tuvo que pagar por primera vez una compensación por los recortes retroactivos a las renovables. El Ejecutivo pagó el año pasado un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. El grupo nipón había revendido la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket. Y el Gobierno y Blasket pactaron el abono de una compensación de 32 millones de euros.

El Gobierno había consignado en Bélgica el importe del laudo de JCG, tras un embargo temporal de los derechos de cobro de España relativos a Eurocontrol y que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas. El Ministerio para la Transición Ecológica, tras obtener el permiso explícito de la Comisión Europea, negoció con Blasket para poner fin a todos los procedimientos abiertos. El fondo busca ahora repetir la estrategia con los nuevos embargos millonarios conseguidos en Bélgica. De hecho, desde el equipo jurídico que comanda la batalla legal contra España se apunta que el Gobierno ha propuesto consignar parte de las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica.

“El objetivo de la Abogacía del Estado sería lograr el levantamiento de estos embargos y evitar que se sigan acumulando nuevos importes bloqueados”, apuntan fuentes jurídicas. “Con esta maniobra, España pretende reducir el monto bloqueado hasta el entorno de los 250 millones de euros, pero el mero hecho de ofrecerse a realizar esta consignación a cambio de liberar los 840 millones retenidos debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España, al asumir en la práctica la validez de las medidas de ejecución sobre estos activos”. Las mismas fuentes subrayan que la decisión de depositar el dinero pondría en cuestión la tesis mantenida por el Gobierno español para no pagar alegando que serían ayudas de Estado.

El sistema procesal belga permite el embargo de activos sin audiencia previa al Estado, lo cual exige que el Gobierno recurra para levantar los embargos acordados vulnerando el derecho de la UE. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se confirma la solicitud de consignación judicial, pero subrayando que se ha hecho con “expresa reserva de derechos”, lo que implica que “no se renuncia ni se debilita ninguno de los argumentos esgrimidos por España”. “La consignación efectuada por España tiene como objetivo salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español, recuperando el flujo ordinario de las transferencias que Eurocontrol efectúa a Enaire”, subraya el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen.

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